Recordemos que el jardinero Jósé Benito Pazo y el periodista Damián Sánchez Rival, si fueron procesados como presuntos autores de malversación de caudales "por haber aceptado un cargo público sin reunir los requisitos legales exigidos para el mismo".
Puntualmente el recurso presentado por los miembros del ministerio público se da contra el sobreseimiento que Baños dictó a favor del ex jefe de Estado, dictado el 23 de noviembre cuando consideró que este "no tuvo injerencia" en la contratación de ese personal.
Para los fiscales, todo esa situación se debería ventilar durante la etapa de juicio oral y por eso solicitaron que se dicte el procesamiento contra De la Rúa como "participe necesario en el delito de malversación de caudales".
En la presentación –que en archivo adjunto se publica- se entendió que en su momento el ex mandatario "abusó de su posición política" para tener dos empleados personales cuyos sueldos salían del presupuesto del Concejo Deliberante, calificando de “infantil” intentar argumentar que De la Rúa no tuviera conocimiento" de esas situaciones, tal como argumentó el juez para sobreseerlo.
Además, aportaron como prueba los resultados de una pericia caligráfica sobre los recibos de sueldo presentados por De la Rúa como parte de su defensa, que según indicaron "fueron confeccionado ex profeso, en muchos casos con la misma lapicera bolígrafo azul" y “con posterioridad a las fechas consignadas”.
Asimismo, los representantes del Ministerio Público aclararon que si bien De la Rúa no puede ser considerado "autor" del delito de malversación de caudales pues no era él quien administraba los fondos públicos para pagar los sueldos de Pazó y Sánchez Rival, igualmente "participó de la ejecución de la maniobra".