La medida la adoptó la Sala II del Tribunal -con la firma de los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun- y en la misma resolución también se confirmó un embargo de tres mil pesos sobre los bienes de Patti, número dos en la carrera a la gobernación bonaerense en las últimas elecciones.
En una resolución de cinco carillas los magistrados aludieron como prueba fundamental a una escucha telefónica entre Patti y el -en ese momento prófugo- teniente coronel Jorge Granada, de la que se desprende que el ex intendente estaba al tanto de la situación judicial del ex militar.
Por otro lado, los camaristas indicaron que Patti no probó –en rigor, ni siquiera lo intentó- que existiera “una amistad íntima que pudiera tornar de aplicación” las excusas que el Código Penal prevé para el delito de encubrimiento.
Por otro lado, los camaristas sugirieron una serie de medidas de prueba para determinar la identidad de otra persona que aparece en las llamadas y que sería el ex militar Jorge Arias Duval quien fue aprehendido el día anterior a la captura de Granada en la misma “causa Montoneros”, entonces en manos del juez Bonadío.
El 26 de agosto pasado, Bonadío procesó sin prisión preventiva a Patti, quien había sido indagado algunos días antes en un paso por los tribunales que incluyó una pequeña demostración de fuerza, con militantes que convirtieron la vereda de Comodoro Py 2002 en acto de campaña.
En esa oportunidad, Patti admitió ante el juez que mantuvo contactos con el ex represor a quien, incluso, ayudó económicamente, pero aclaró que desconocía que el militar estuviera prófugo de la Justicia.
“Puede ser que lo ayudemos en algo económicamente mensualmente. Puede ser porque tiene un hijo de 2 años. Si está a mi alcance lo voy a seguir haciendo", dijo Patti. Sin embargo, ni para el juez ni para la Cámara las excusas eran atendibles, y con el fallo conocido hoy el policía devenido político quedó más cerca de un juicio oral.