Por un comunicado de prensa, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional informó que después de intensas gestiones ante el Senado, la Corte Suprema de Justicia y el Poder Ejecutivo se logró la suspensión del tratamiento del proyecto de ley que gravaba las remuneraciones con impuesto a las ganancias. En este orden, asumieron el compromiso de consensuar con los poderes públicos un proyecto que, respetando las garantías de intangibilidad de remuneraciones de los arts.110 y 120 C.N., ponga punto final a este problema recurrente. Precisaron que cualquier solución a la que se arribe deberá contemplar no sólo esta garantía que abarca a los magistrados del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos, sino dar respuesta adecuada a la situación de los funcionarios y empleados que encuentran seriamente disminuida la capacidad adquisitiva de sus haberes calculados sobre la base de la existencia de la exención impositiva y sin actualización alguna desde 1991. Será una tarea difícil, pero a la cual nos hemos comprometido y nos abocaremos con la colaboración y el apoyo de todos nuestros socios, pues es un tema común, finalizó.
Memoria
El presidente Néstor Kirchner creó el Archivo Nacional de la Memoria en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, cuyas actividades fundamentales serán obtener, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado Argentino y sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones. A tal fin, los organismos integrantes de la administración centralizada y descentralizada del Poder Ejecutivo, incluyendo las Fuerzas Armadas y de Seguridad deberán enviar al Archivo Nacional de la Memoria, de oficio y en forma global, las informaciones, testimonios y documentos relacionados que posean. El decreto 1259/2003 de creación estableció también “carácter intangible” al material testimonial, documental e informativo que integre el Archivo Nacional de la Memoria, por lo que el mismo deberá conservarse sin cambios que alteren las informaciones, testimonios y documentos custodiados.
Renuncias
Por medio de la resolución 988/2003 el Procurador General de la Nación aceptó la renuncia del Fiscal General Humberto Silvio Vidal, a cargo de la Fiscalía General ante la excelentísima Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba a partir del 1° de enero del año 2004.
Asimismo por la resolución 989/2003 se aceptó la renuncia de Helvecio Martín Barba, Fiscal General a cargo de la Fiscalía General ante la Excelentísima Cámara Federal de Apelaciones de General Roca la cual será operativa a partir del 1° de febrero del año 2004.
Suspendida
El juez federal Jorge Ballestero suspendió la declaración indagatoria que hoy debí a prestar la ex polifuncionaria menemista María Julia Alsogaray en la causa donde se la acusa de haber permitido un millonario pago irregular al grupo Meller. La audiencia estaba prevista para hoy, pero se pospuso luego que otros imputados en el expediente opusieran la prescripción de la acción penal para evitar ser indagados. Además, la Cámara de Casación Penal le pidió la causa al juez para resolver sobre un recurso de queja que plantearon los abogados del grupo Meller contra una resolución de la Sala I de la Cámara Federal que ordenaba suspender el pago de la deuda de 400 millones de pesos que la empresa reclama al Estado, por la aplicación de intereses de mora en el pago por la confección de guías telefónicas de la liquidada empresa de teléfonos Entel. María Julia, presa por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral en otro de los muchos expedientes abiertos en su contra está acusada en este caso de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Para la Cámara Federal, que ordenó la reapertura del caso, Alsogaray pudo haber cometido delito al descartar un dictamen elaborado por el ex procurador general del Tesoro Rodolfo Díaz.
Proyecto
Un grupo de abogados presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de reforma del Código Penal para que se incorpore el capítulo de penas y sanciones para funcionarios y legisladores que prevea penas de 50 años de prisión efectiva para aquellos que participen en hechos de corrupción contra el erario público. El reforma fue planteada por los letrados Guillermo Cascino, Ricardo Moreno y Oleg Mikhnó, quienes explicaron que fundamenta su pedido “los graves y decadentes acontecimientos sucedidos en el Senado de la Nación debe contemplar una reforma especifica del Código”.