Estos grupos lograron que en la instancia judicial se hiciera lugar al reclamo, ante lo cual el gobierno de Bush presentó un recurso de apelación en la Corte Suprema con el fin de que éste alto cuerpo lo deje sin efecto.
En el recurso, se explicó que el ingreso de camiones mexicanos está determinado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) y mencionó que si no se cumple con este punto del acuerdo se podrían producir sanciones comerciales por parte del país afectado.
Asimismo, la Administración Bush indicó que el tribunal de apelaciones que favoreció a los grupos malinterpretó las leyes nacionales sobre protección al medio ambiente, restringiendo la capacidad del Ejecutivo para conducir asuntos de política exterior.
De ese modo, desde el tribunal anunciaron que el tema se podría decidir en algunos meses ante los distintos estudios que se deberán realizar para poder comprobar si el ingreso de esos transportes pesados afectan o no el medio ambiente, tal como pregonan los grupos que iniciaron las acciones.