Diario Judicial: ¿Cuál es la situación actual del fuero nacional del trabajo?
Teodoro Sánchez de Bustamante: En primer lugar me gustaría hablar del presunto sobredimensionamiento del fuero del trabajo. En la actualidad la justicia nacional del trabajo tiene 80 juzgado, de los cuales 11 trabajan con menos de la mitad de la dotación normal del personal y al resto de esos juzgados en su momento se ha sacado personal que fue transferido a la justicia comercial. Entonces, no podemos entrar a analizar o estudiar, si hay un sobre o infradimensionamiento hasta tanto no se normalice el fuero nacional del trabajo.
También el fuero del trabajo ha sufrido un proceso de detracción de competencia que le es natural como por ejemplo ha pasado con la materia de riesgos del trabajo, que antes tramitaba en el fuero nacional del trabajo pero con la sanción de la ley de riesgo del trabajo, artificialmente -y como en muchos casos ha sido declarado inconstitucionalmente- se paso a un tribunal administrativo con grave detrimento de los derechos de los trabajadores. Otra competencia que se le sacó a la justicia nacional del trabajo son los procesos en etapa de conocimiento en los que aparezcan como demandadas empresas concursadas o quebradas que fue a parar a la justicia comercial. En este contexto no se puede analizar si hay un sobre o infradimensionamiento mientras no se le restituya al fuero del trabajo la competencia que le es natural.
DJU: Dado este panorama ¿Cómo se puede analizar la situación?
TSB: La postura de la Asociación es que primero hay que clarificar la situación de los 11 juzgados de primera instancia que trabajan con menos de la mitad del personal. Esos 11 juzgados, además de su juez y secretario tienen 2 empleados y medio. En cambio, los juzgados normales trabajan con una dotación de 11 empleados además de su juez y secretario. Dos salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la IX y X trabajan con una dotación de 13 empleados, el resto de las salas con 17. Entonces la posición nuestra es primero solucionen esto y segundo devolver la competencia natural que le fue detraída luego de lo cual se podrá analizar si hay un sobre o infradimensionamiento.
DJU: ¿A que es atribuible esta situación?
TSB: Me parece que durante la década del 90, básicamente con la sanción de la ley de quiebras y luego con la sanción de la ley de riesgos del trabajo hubo una intencionalidad política muy clara, de desguazar el fuero del trabajo, acá lo que se quiere es eliminar el fuero del trabajo que responde a proyectos políticos claritos.
DJU: ¿Cuáles serían?
TSB: Proyectos políticos que se montan a partir de proyectos, como uno del Banco Mundial (y el que se podría venir si el Tratado del ALCA se ratificara tal cual está concebido) donde la idea es destruir el fuero del trabajo. El documento técnico del Banco Mundial nº 319 S de junio de 1996 prevé un proyecto de reforma judicial en general para América Latina que plantea eliminar la justicia del trabajo. Nosotros tenemos la impresión de que es un plan preconcebido porque obviamente como ha sucedido en mas de una oportunidad nuestros políticos buscan el camino mas disimulado para hacer las cosas. En lugar de decir adherimos al proyecto del Banco Mundial lo cual es inconfesable, empiezan a buscar la vuelta indirecta para tratar de intentar demostrar que es un fuero sobrecargado, etc. sin decir por ejemplo que la materia laboral en los últimos años se ha complejizado enormemente, porque al iniciar una demandada en general se ven acompañadas de planteos de inconstitucionalidad, con cuestiones cruzadas de competencias, con cuestiones vinculadas que se van extendiendo mas como por ejemplo el tema de la responsabilidad indirecta de determinadas personas respecto del empleador lo que hace que los expedientes que ingresan en la justicia nacional del trabajo no sean de la simpleza como la de hace 20 años atrás.
DJU: ¿Una forma indirecta de eliminar el fuero del trabajo es afectando el principio de especialidad?
TSB: Tratar de eliminar el principio de especialidad ya sea eliminando del fuero del trabajo la competencia que le es propia, aunque también hay otra forma mas insidiosa que es agregar competencia que no es materia originaria del fuero del trabajo.
DJU: ¿Existe algún proyecto que tenga esta impronta?
TSB: De acuerdo a las versiones públicas que circulaban, fuimos al Ministerio de Justicia y nos informaron que existe un proyecto para devolver a la justicia nacional del trabajo la competencia para entender en los juicios en etapa de conocimiento respecto de empleadores demandados que estén en concurso o quiebra. Pero asimismo nos habían dicho que este proyecto venia unido con otro que además le incluía a la justicia del trabajo competencia para realizar los ejecutivos de cartulares comerciales hasta la suma de $ 4.500.
El Vice Ministro de Justicia, Abel Fleitas Ortíz de Rosas nos informó que el proyecto de devolverle la competencia al fuero del trabajo respecto de procesos de conocimiento en el que sean demandadas empresas concursadas o quebradas es correcto, y que estaba a la firma del presidente Kirchner. Ahora en relación con el otro proyecto si bien es cierto que había estado dando vuelta nos informó que no tenía ninguna actualidad, que no iba a ser presentado y que no era una cosa indisoluble respecto del otro proyecto.
DJU: Ante tales proyectos, hay un comunicado firmado por jueces y camaristas laborales. ¿Es un hecho inédito el expresado por los jueces?
(NdR: Magistrados de primera y segunda instancia del fuero nacional laboral han firmado un comunicado en noviembre de 2003 donde rechazan toda nueva alteración de competencias y eventuales traslado de juzgados y/o empleados y funcionarios de este fuero, como así también la atribución de competencias para procesos cartulares, que contribuirían a licuar nuestras reglas de competencia y dificultarían tramitar los procesos propios de ella en el tiempo y profundidad requeridos, dada su naturaleza alimentaria. En tanto reivindican La restitución de las competencias en razón de la materia, en particular las desplazadas hacia la Justicia Nacional en lo Comercial, generadoras de grave lesión a la funcionalidad de ese Fuero y al debido proceso; La recuperación de los 68 empleados derivados hacia otros fuero, que ha puesto en crisis la dotación de personal de todos los Juzgados laborales; La dotación plena de personal en los juzgados 69 a 80 y en las sala IX y X.)
TSB: Si bien no puedo responder qué es lo que ha motivado a los jueces del trabajo a expedir el comunicado, me da la impresión que han querido asumir un protagonismo desde la realidad. Me parece que en la Argentina si no ha cambiado está empezando a cambiar la forma en la que hay que presentar el interés de la gente por la cosa pública – y los jueces son ciudadanos- y la justicia del trabajo es una cosa pública importantísima como para preocuparse por ella y asumir este protagonismo. Nosotros estamos muy contentos con que así haya sido porque los jueces en general tratan con reserva sobre este tipo de cuestiones. Pero este comunicado lo han firmado varios jueces de primera instancia y algunos camaristas, sin perjuicio de que previo a este comunicado hubo una resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en donde se hacía saber que no se estaba de acuerdo con que a la justicia del trabajo se la recargue con competencia que es ajena.
DJU: Al respecto, ¿cual es la postura de la Asociación de los Abogados Laboralistas?
TSB: Nosotros adherimos plenamente al documento que han emitido y suscripto los jueces nacionales del trabajo. Pero además de adherir estamos saliendo a decir que todo este tipo de proyectos que tienden a eliminar o desguazar la competencia del fuero del trabajo –sea sacando competencia o agregando competencia que no le es natural- es absolutamente contrario a tratados internacionales que tiene firmado la República Argentina. Nosotros mencionamos estrictamente la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, art. 36 que dice que en cada Estado debe existir una jurisdicción especial del trabajo y un procedimiento adecuado para la rápida solución de los conflictos, y esto no se compadece con eliminar la justicia del trabajo y seguir detrás de proyectos como este del Banco Mundial o los que se preven que pueden venir con el ALCA.
DJU: ¿Esta situación se está dando en las provincias?
TSB: De alguna manera se está reproduciendo también en las provincias. En la provincia de Entre Ríos según nos hicieron saber asociados nuestros, hay una ley provincial de muy dudosa constitucionalidad que autoriza al Superior Tribunal de la provincia a disponer las competencias jurisdiccionales de los respectivos tribunales especializados, y así han eliminado un tribunal del trabajo y lo han convertido en un tribunal de familia con la misma integración de los jueces. Y existe un proyecto –que a través de una movida local del Colegio de Abogados de la provincia de Entre Ríos y una carta documento que hemos enviado desde la Asociación el 9 de diciembre ha quedado en compás de espera hasta febrero- de convertir los tribunales del trabajo que existen en la provincia en tribunales de familia con competencia en lo laboral.
DJU: ¿Qué cosas quedarían pendientes en relación a normalizar la justicia nacional del trabajo?
TSB: Como ya he dicho, en primer lugar todos los empleados que fueron transferidos del fuero nacional del trabajo a la justicia nacional en lo comercial tienen que volver a su lugar de origen. También debería solucionarse la situación de los 11 juzgados de primera instancia que tienen dotación reducida, al igual que las dos Salas de la Cámara que cumplen similares tareas pero con menos personal. En tercer lugar debería devolverse toda la competencia que le es original y la necesaria y profunda reforma que en algún momento va a tener que venir de la ley de riesgo del trabajo, en aquellos puntos en que es inconstitucional, uno de los cuales es que lo que debería ser un proceso judicial con control jurisdiccional de un juez pasó a ser un inquisitivo procedimiento administrativo ante comisiones médicas, que para lo único que sirve es para cercenar los derechos de los trabajadores.
DJU: ¿Y la celeridad e inmediatez en la resolución de los juicios laborales?
TSB: Luego de esto, lo que habrá que conseguir es que los juicios en materia laboral no duren mas de 6 meses, porque estamos hablando de derechos humanos y créditos alimentarios. Cuando se logre este objetivo sí se debería analizar si la justicia del trabajo está sobre o infradimensionada, y no vaya a ser cosa que ahí nos demos cuenta que 80 juzgados son pocos y se necesiten más porque ese es el objetivo real que hay que perseguir con el derecho del trabajo, celeridad e inmediatez en el conocimiento de las causas.