04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Un revés para el Ejecutivo

La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó el recurso interpuesto por el Poder Ejecutivo contra el fallo de primera instancia que ordenó proveer los recursos para el pago del incremento de 200 pesos desde el mes de mayo de 2003 al Ministerio Público de la Nación y a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 
De esta forma se expidió la Sala III del tribunal, el pasado 24 de febrero en autos “ "Ministerio Público De La Nación C./ E.N. –(Resol.121/03 Consejo) Y Otro S/ Amparo” expte N° 47.252/2003 confirmando lo resuelto por el titular del juzgado en lo contencioso administrativo nº 2, Dr. Sergio Fernández en noviembre de 2003.

El tribunal expresó que “admitida la equiparación de los salarios establecida en el artículo 12 de la ley 24.946 entre los integrantes del Ministerio Público de la ación y los del Poder Judicial de la Nación.. resulta insoslayable concluir que, a los fines de garantizar suficientemente el desenvolvimiento como órgano independiente... la implementación de los medios adecuados para hacer frente al ajuste salarial reclamado, debe entenderse procedente”.

“No se advierte que se haya incurrido en la tergiversación de los conceptos de autonomía funcional y autarquía financiera” añadieron los magistrados, como sostiene el Poder Ejecutivo nacional, “sino que se efectuó la necesaria correlación entre ambos con el fin de resguardar el principio de legalidad”.

Salvo que el Poder Ejecutivo deduzca recurso extraordinario ante la Corte Suprema, y éste sea admitido, lo decido por la Cámara adquiriría firmeza luego del plazo que tiene el Ejecutivo para recurrir la sentencia.

En este conflicto, a pesar de que un sector judicial ya cobró la suma en cuestión el personal dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Ministerio Público (defensorías y fiscalías) aguarda en una tensa calma.

Es así que la Unión de Empleados Judiciales de la Nación había dispuesto un paro en las actividades, incluso de fiscalías y defensorías dependientes del Ministerio Público para el jueves 25 y viernes 26, éste último sin asistencia a los lugares de trabajo.

La causa la iniciaron el ex Procurador General de la Nación, Nicolás Eduardo Becerra, y el Defensor General de la Nación, Miguel Ángel Romero, al presentar a fines de octubre un amparo en calidad de titulares del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, para solicitar el aumento salarial de 200 pesos que aún se adeuda a los empleados del mencionado ministerio, como así también a los funcionarios dependientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



dju / dju
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