El caso, famoso porque desencadenó la derogación del Servicio Militar Obligatorio, ya no tiene detenidos, el 13 de febrero pasado salió bajo libertad condicional el ex subteniente Ignacio Canevaro, condenado a 15 años de cárcel por el crimen. En noviembre de 2002, ya habían cumplido su condena los soldados Cristian Suárez y Víctor Salazar, que habían sido condenados a 10 años de cárcel.
Lo que no se había logrado hasta ahora es avanzar en un proceso oral sobre la importante red de encubrimiento que rodeó la muerte del joven, cuyo cuerpo apareció dentro del Regimiento de Artillería adonde había sido destinado para cumplir con la colimba.
En rigor, la causa quedó lista para ser elevada a juicio en junio de 2001, pero el trámite se demoró por una larga serie de pedidos de nulidad y prescripciones interpuestos por las defensas.
Los que ahora quedaron cerca del juicio son el ex general Carlos Díaz, quien estaba a cargo de la VI Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén cuando se produjo la muerte del soldado. Los otros son el teniente coronel Guillermo With; los auditores del Ejército Jorge Ferrario, Mauricio Gutiérrez y Osvaldo Muñiz; el suboficial René López y el capitán Rodolfo Correa Belisle.
Cierran la lista el subteniente Néstor Parodi, el teniente Carlos Verón y el sargento Mario Guardia.
La causa se inició a partir de las irregularidades detectadas durante la etapa de investigación del crimen de Carrasco. El encubrimiento se materializó en falsas denuncias, falsificación de pruebas y pistas que intentaron desviar el curso de la investigación y permitieron que el cuerpo fuera hallado recién un mes después del crimen, en un rastrillaje que –se supo después- también buscó tapar responsabilidades.
Carrasco, un humilde muchacho de Cutral Co, ingresó al Grupo de Artillería de Zapala el 3 de marzo de 1994 y tres días después fue golpeado con salvajismo, sufrió la fractura de varias costillas y agonizó hasta morir.