El juez de la Cámara Penal de San Isidro Fernando Maroto admitió que “las víctimas de violación están desamparadas” y propuso la creación de un organismo para “la defensa” de quienes padezcan estos delitos aberrantes. Maroto votó recientemente contra la libertad de Diego Raúl Olivera, condenado a ocho años por violación de una chica de 13 que actualmente tiene 18, aunque por dos votos contra uno, el hombre recuperó la libertad. El magistrado, en diálogo radial sentenció que “desde el punto de vista de la defensa no hay ninguna duda” de que resultó perjudicada la víctima en ese caso. “Prácticamente la condena tuvo un poder mínimo, y fue un delito realmente aberrante”, cuestionó, y opinó que “la víctima en la Argentina está desamparada”. Recordó además que “el Gobierno provincial ha creado un organismo en defensa de la víctima” en procura de remediar esta situación. En este sentido, argumentó que “debería haber un organismo especial para tomar con mucho cuidado todas las declaraciones de las víctimas, que no siempre se respetan” y recordó que “muchas veces se llega a bromas o se llega a preguntas que no corresponden, o a un tratamiento médico, a lo mejor, también que es injusto”, por lo que “se debe buscar un mecanismo para que la víctima se sienta realmente protegida”.
Postergada
El juez Sergio Torres postergó la realización de la audiencia de conciliación en el marco del juicio por injurias que iniciara la Delegación de Asociaciones Israelítas Argentinas (DAIA) al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Julio Grondona. El origen de la causa se remonta a dichos del presidente de la AFA en julio de 2003 en una emisión de El Sello un programa emitido por TyC Sports donde Grondona habría manifestado que “los judíos no llegan a ser árbitros de fútbol de primera división porque el mundo del fútbol es algo difícil, y a los judíos no les gustan las cosas difíciles”. Con la postergación, la fecha de la audiencia de conciliación fijada en en los términos del art. 424 del Código Procesal Penal de la Nación, pasó para el 16 de marzo de 2004. En el caso de que en dicha reunión no se produzca conciliación ni retractación el tribunal citará al querellado para que en el plazo de 10 días comparezca y ofrezca prueba, período durante el cual podrá oponer excepciones previas. Cabe recordar que el delito de "injuria" previsto en el art. 110 del Código Penal establece para el que “deshonrare o desacreditare a otro” multas de $ 1.500 a $ 90.000 o prisión de un mes a un año. Por este tema, se había iniciado otra causa por presunta violación a la ley antidiscriminatoria, iniciada por Monner Sans aunque la misma fue archivada por una resolución de la Cámara Federal.