01 de Julio de 2024
Edición 6996 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 02/07/2024

Ciberguerra comercial

Usuarios de internet argentinos han experimentado en éste último tiempo problemas de interconectividad y transferencia lo que ha generado una ola de denuncias ante la Comisión Nacional de Comunicaciones. Otros organismos se aprestan a estudiar el tema y su posible competencia para entender en la problemática.

 
A raíz de deficiencias en las prestaciones del servicio de internet por algunos ISP (Proveedores de Servicio de Internet) y tal como lo informara en un comunicado de prensa la Cámara de Bases de Datos (CABASE) –entidad sin fines de lucro- se ha experimentado en este último tiempo una degradación del servicio en ciertas rutas nacionales, con bajas velocidades de interconexión, o imposibilidad de conexión en momentos de pico de tráfico.

Cabe destacar que el NAP (National Access Point) de Internet de CABASE, creado en abril de 1998 nucléa a empresas de telecomunicaciones y proveedores de servicios en línea e Internet de la Argentina estando conformado por más de 40 socios ISP y carriers lo que significa la interconexión total de los proveedores nacionales de Internet, que se traduce en una mayor velocidad de navegación para los usuarios locales a menor costo.

En el comunicado publicado CABASE informa que las empresas Advance (filial de Telefonica), Telecom, Prima (Ciudad Internet) e Impsat –los mayores provedores de servicio de internet de Argentina- “han decidido reducir la capacidad de sus enlaces al NAP CABASE” decisión que se ha basado en políticas comerciales al sentirse perjudicadas por el libre intercambio de tráfico en el NAP.

Esto produce un embudo o cuello de botella entre los usuarios que navegan en internet a través del NAP, es decir entre usuarios de Telefónica, Telecom, Ciudad Internet, e Impsat y los demás usuarios –y viceversa- afectandose la interconectividad y el tráfico nacional.

CABASE intimó así a estos proveedores a fin de que revean su actitud ofreciendo redefinir las políticas de intercambio de tráfico solicitando que mantengan la capacidad de interconexión necesaria para que cesen los problemas aunque los grandes prestadores hicieron caso omiso.

Ante esta realidad, muchos de los usuarios afectados han radicado reclamos –muchos de los cuales fueron expresados en formularios tipo que circulan por internet- ante la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) a fin de encontrar una posible solución al problema.

Según fuentes consultadas, hasta el momento se han presentado mas de un centenar de denuncias que se han recibido en la CNC donde se informó que el organismo de contralor de las comunicaciones si bien no ha adoptado una postura oficial sobre la cuestión, se halla estudiando el tema.

Por otra parte, desde la Subsecretaría de Defensa del Consumidor se informó que si bien hasta el momento no se han recibido denuncias de particulares sobre el asunto, se manifestó estar al tanto del problema al punto de que asesores del organismo se encuentran investigando el tema.

En tanto, desde la Subsecretaría de Defensa de la Competencia si bien se negaron a dar todo tipo de información se descuenta que también se encontraría investigando la problemática atento su competencia y la posibilidad de actuar de oficio.

Posibles aristas judiciales

Esta cuestión puede ser enfocada desde el punto de vista de las empresas ISP perjudicadas en el tráfico por la reducción de ancho de banda que las ISP de mayor envergadura realizaron, o bien desde el punto de vista del usuario final quien se ve limitado tanto en la navegación como en mayor medida, en la descarga de archivos, el uso de ftp y el envío y recepción de e-mails.

Lo cierto es que sobre el tema, suena y resuena la ausencia de regulación estatal al respecto en base a la cual y basado en estrictas “políticas comerciales” las mayores empresas se habrían “complotado” para reducir el ancho de banda hacia el NAP nacional.

Ante tal situación, un argumento para fundamentar un eventual reclamo, y exigir a las compañías el restablecimiento del servicio puede basarse en la teoría de “los derechos adquiridos” por los usuarios, a fin de que se siga prestando un servicio igual al que se venía dando antes del inconveniente señalado.

Por otra parte, otras fuentes consultadas señalaron que sería necesaria la intervención de la Subsecretaría de Defensa de la Competencia a fin de que determine si existen en el caso acciones u omisiones de las empresas ISP de mayor envergadura “que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general” tal como lo preve la ley 25.156.

Cabe destacar finalmente que CABASE se encuentra en una situación muy particular ya que nuclea como socios a las empresas que han reducido el ancho de banda como así también a aquellas que se ven perjudicadas por este accionar.



dju / dju
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