El miércoles último, en ocho allanamientos simultáneos, la policía secuestró 80 contenedores con mercadería ilegal valuada en cinco millones de dólares y detuvo a cuatro personas. En el transcurso de la pesquisa a cargo de Análisis Delictivo de la federal, fueron amenazados de muerte Cristina Roveda, del cuerpo de policía aduanera y el subcomisario Alejandro Ortega.
Esto es lo que dijo Cruciani:
“- La Aduana no aportó nada y más aún podría atreverme a decir que no hubo la colaboración que merece un juez de la Nación.
- En esta investigación para nada ha tenido participación la Aduana, sacando la colaboración de la señora Roveda. Ella y el subcomisario Ortega padecieron una amenaza de muerte comprobada fehacientemente.
- Se descubrió que ambas amenazas partieron de un locutorio cercano al edificio de la Aduana. Le anticipé a la Aduana que citaré a declarar a funcionarios y a despachantes.
- En la Aduana no hay lugar para depositar la mercadería. Tuve que ir a un depósito de la Aduana para acomodar todo y llegué a pensar en estacionar todos los camiones frente a la Casa Rosada.
- Mi intención es llegar "al pez gordo" de la organización de contrabando: ¿Ahí son todos sordos, mudos, ciegos, paralíticos? Tiene que haber una responsabilidad en la Aduana.
- Las normas contra el contrabando son buenas pero el problema es la gente que lo maneja. Un ejemplo: la Aduana disolvió la brigada de fondeo y la de drogas peligrosas que registraban en forma profunda los buques que llegan al país.”
Cruciani comentó además, que entre los inconvenientes que enfrentó en la causa, hubo situaciones insólitas como la de un vigilante de la terminal portuaria allanada que apenas lo vio llegar intentó llamar a alguien con su teléfono celular.
“- Yo mismo le saqué el teléfono de la mano y se lo puse en el bolsillo”, concluyó el juez.
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