Así lo denunció la organización Familiares y Víctimas de Accidentes de Tránsito (FAVAT), al entender que el gobierno porteño desoyó los reclamos por presunta "contaminación visual" que se denuncian en la Avenida Lugones, desde la bajada de la Avenida General Paz hasta su finalización, en la autopista Arturo Illia. Mediante un comunicado, FAVAT radicó la presentación ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 5 de la Capital Federal, a cargo de la magistrada Fabiana Schafrik. De acuerdo a los denunciantes, los carteles con publicidad que bordean a la Avenida Lugones “contraría lo dicho por ordenanzas y modificatorias que establece el Código de Publicidad, la Ley de Tránsito y el Código de Planeamiento Urbano, entre otras normas”, un tema adelantado a Diariojudicial.com por la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini. La acción de amparo apunta a que "se erradique la publicidad ilegal a lo largo" de esa arteria, porque implica un "acto lesivo a la seguridad pública". Además, la organización recordó que el 2 de setiembre de 1997, el juez en lo Civil Ricardo Li Rossi había condenado al gobierno porteño a quitar esos avisos publicitarios. En aquella oportunidad, el juez Li Rossi hizo lugar a un amparo presentado también por FAVAT y ordenó a la administración porteña "arbitrar la totalidad de las medidas necesarias tendientes a regularizar la situación de los carteles publicitarios", aunque siete años más tarde, "y habida cuenta de la actual situación de aquella avenida y de la ausencia del gobierno de la Ciudad en materia de control", esta asociación decidió presentar la nueva denuncia.
Indultos
Luego del fallo del juez Rodolfo Canicoba Corral, que declaró la inconstitucionalidad de los indultos a favor de represores que participaron en la última dictadura militar, la Cámara de Diputados tiene pensado comenzar a analizar si es posible declarar la nulidad de los beneficios que fueron otorgados durante el gobierno menemista. En ese sentido, el diputado Guillermo Alchouron criticó muy duramente la decisión de Canicoba Corral de detener a los militares indultados en Argentina y advirtió una "corriente tendiente a apretar al máximo la situación de los militares". Por su parte el oficialista Ricardo Falú manifestó que la decisión del magistrado fue “correcta” por lo que se prevé un duro debate en torno a estos temas.
Prórroga
Por medio de la resolución general 3/2004 la Inspección General de Justicia resolvió prorrogar hasta el día 18 de mayo de 2004 el plazo fijado en el artículo 6º de la Resolución General Nº 6/2003 relativo a entidades administradoras de planes de capitalización y ahorro bajo las modalidades de "grupos cerrados" y de "ciclo abierto", donde se dispuso que las mismas deberán adecuar sus condiciones generales de contratación. De esta forma se otorga un plazo mayor para la conclusión de los trámites de adecuación de condiciones generales de contratación establecidos en dicha norma. La modificación obedece a una recomendación del Departamento Control Federal de Ahorro que propicia la prórroga de dicho plazo a fin de hacerlo coincidente con el fijado hasta el 17 de mayo del corriente año por el artículo 2º de la Resolución General Nº 13/03 para que las entidades administradoras adecuen su organización y sistemas administrativos e informáticos y demás e impriman los textos únicos de sus nuevas condiciones generales de contratación.
Al maestro con cariño
Un organismo argentino que vela por los derechos de los ciudadanos y una academia internacional de Derechos Humanos reclamaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se revoque la condena de tres meses de prisión en suspenso que recayó sobre una maestra sancionada por un corte de rutas en Bariloche, provincia de Río Negro. Así lo comunicó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien junto a la Academia de Derechos Humanos del Washington College of Law de la American University, solicitó a la Corte Suprema que se revoque la condena de tres meses de prisión en suspenso impuesta a la docente Mónica Schifrin, que participó de un corte de ruta en Bariloche. La presentación responde a la sentencia dictada en primera instancia por el juez federal Leónidas Moldes, confirmada por la Cámara Nacional de Casación Penal, en tanto que ambas entidades se presentaron ante la Corte como terceros ajenos al caso, pero interesados en su resolución. Schifrin participó en 1997 de un corte de la ruta 237, en Bariloche, por lo que fue condenada a tres meses de prisión en suspenso, además de prohibírsele participar en manifestaciones públicas por dos años. Al respecto, argumentaron estas entidades que el “derecho a la libertad de expresión” está por encima del artículo 194 del Código Penal, que castiga a quien entorpece el normal funcionamiento del transporte. (Texto Completo)