Prepondera en cambio un abordaje desde la "seguridad ciudadana", categoría, perspectiva de análisis o visión que en la inmensa mayoría de los casos se define en términos de confrontación y enemistad, en el problema de unos contra otros, de buenos y malos.
En esa línea, la práctica política acota su intervención a respuestas meramente represivas: aumentar el numero de policías y sus facultades, aumentar las escalas penales y ello sabiendo de antemano que nunca ha existido relación directa entre el aumento de la sanción y desestímulo de la conducta delictiva y que un órgano con facultades desorbitantes sin ningún control, sin dirección de la investigación tampoco ha cumplido promesa alguna. Es claro que esos discursos han garantizado siempre cinco minutos de publicidad a nuestros representantes políticos pero a nuestra comunidad en poco y nada la han ayudado.
En cambio, lo que siempre aparece irrazonablemente postergado es el desafío de repensar qué se le garantiza a la víctima de un conflicto penal cuando el estado decide que su interés lo asuma exclusiva e íntegramente una estructura burocrática. No sólo se le responde con mala fe, cuando se ofrecen medidas que se saben inútiles de antemano sino que además se la excluye de toda intervención en el proceso judicial en que se trata el hecho que ella padeció a menos que, claro está, se trate de una víctima sumamente poderosa.
Un Ministerio Público que no asuma como uno de sus ejes de acción la representación de los intereses de la víctima, -y ello es lo que ocurre con las estructuras judiciales que nos gobiernan desde la colonia hasta ahora-, está en mejores condiciones de quedar atrapado en la lógica del trámite, del laberinto burocrático y de sus intereses corporativos que en asumirse como una institución pública que tiene responsabilidades frente a todos los ciudadanos, particularmente las víctimas. Que quede claro, no basta en este sentido con las buenas voluntades individuales que puedan existir, es esencialmente un problema de concepción del sistema de justicia.
En tal sentido la intervención activa de las partes en su conflicto es una herramienta insoslayable hoy si lo que se quiere es contar con un sistema penal racional que se guíe por finalidades sociales útiles como las que a diario le son reclamadas. Claro está, quien esté dispuesto a sostener que este paso no debe darse, nos estará diciendo que nuestros aparatos judiciales deben mantener sus rutinas diarias enriqueciendo el desánimo público hacia la justicia y con ello brindando oportunidades sucesivas a los discursos autoritarios como los que aquí se mencionan y ciertamente, estarán avalando el carácter estructural de la impunidad que hoy nos rodea.
Sería interesante conocer en dónde residen tan profundos temores al interés de las victimas en participar de la solución de su conflicto, qué daños se espera que ella produzca en contextos judiciales que cotidianamente nos invitan a ver cómo se hace un uso indiscriminado del castigo anticipado a la condena, de la estigmatización social, del hastío de testigos y quienes quieran colaborar sumando derroteros en sus sucesivos pasos por tribunales, de cárceles abarrotadas y de soluciones definitivas en cantidades ínfimas.