Zanola había cuestionado una resolución del juez federal Jorge Urso quien había rechazado un pedido para declarar la prescripción de la causa, que se inició en el año 2000 por una denuncia que presentaron los ex empleados y ex funcionarios del Instituto de Servicios Sociales Bancarios (ISSB) por la contratación de una empresa para la confección de tarjetas magnéticas de afiliación para los beneficiarios.
La denuncia afirmaba que Zanola contrató en 1991 el servicio de una empresa “por un valor en principio millonario y superior al mercado de plaza”, lo que habría causado un “perjuicio” a las arcas de la obra social.
En rigor, a Zanola no le quitaba el sueño la causa: Urso le había dictado una “falta de mérito” por esos hechos, pero rechazó un pedido para declarar prescripto el expediente, lo que ahora aceptaron los camaristas Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani.
“Se encuentra cumplido en exceso el plazo necesario para declarar extinguida la acción penal”, consideraron los camaristas, al tiempo que destacaron que el delito de “defraudación en perjuicio de la administración pública prevé de dos a seis años de prisión”, por lo que estimaron que ya se cumplió el plazo máximo para declarar extinta la acción penal y archivar el expediente."