Fue el mismo Lanusse quien anunció que su principal preocupación será sanear la calidad institucional de la provincia de Santiago del Estero, actualmente “rota por un Poder Judicial que no funciona”, adelantando para ello que sus primeras medidas tenderán a “remover magistrados y confirmar a quienes lo merecen”.
De esta forma, la polémica sobre el nombramiento de Lanusse como secretario de Justicia -se le concedió licencia en su cargo de fiscal, sin necesidad de renunciar- se expone hoy más que nunca con su designación de interventor de una provincia.
El ex Procurador General de la Nación Nicolás Becerra, explicó en su momento a Diariojudicial.com que el pedido de colaboración que hizo el Poder Ejecutivo sobre los fiscales (Quantin y Lanusse), “era para ocupar una función eminentemente técnica”. Incluso algunos recordaron que en una decisión posterior, que bloqueó la candidatura a diputado del fiscal Carlos Stornelli por las filas del macrismo, el propio Becerra reconoció que era "impropio de los fiscales desempeñar cargos políticos". Claro, ahora Becerra no está a cargo de la Procuración General, reconocieron hoy en Tribunales.
“Así y todo, luego de pedir una serie de dictámenes internos, y de reconocidos juristas externos en función del deber de cooperación que el Ministerio Público tiene por el artículo 120, y en una forma bastante condicionada, accedimos a esa petición”, precisaba en ese momento el Procurador.
Sin embargo, en aquella oportunidad desde la Procuración explicaron las diferencias sustanciales entre el fallido pedido de licencia de Stornelli y la situación de los otros fiscales.
Stornelli que había sido tentado por el partido Compromiso por el Cambio de Macri, para ocupar una banca legislativa “se postularía para un cargo electivo, y eso significa que debe hacer campaña, lo cual está prohibido legalmente” explicaron cerca de Becerra, donde aclararon que Quantín, Lanusse y Campagnuolo fueron convocados a “cargos técnicos” por lo que “no hicieron campaña”.
Por la ley 25.881 promulgada a través del decreto 391/2004 el Congreso nacional declaró intervenida la provincia de Santiago del Estero en sus poderes constituidos, "para garantizar la forma Republicana de Gobierno".
De esta forma se dispuso en el art. 3 de la citada ley la "inmediata caducidad de los mandatos del Poder Ejecutivo y de los miembros del Poder Legislativo declarando en comisión a los miembros del Poder Judicial". El ex fiscal federal devenido interventor tendrá en principio un plazo de 180 días prorrogable por el Poder Ejecutivo, para llevar a cabo su función.
Si bien los fundamentos dados en su momento por Nicolás Becerra sonaban bastante lógicos, una polémica se abre acerca de si corresponde nombrar al fiscal como interventor de una provincia, por el cúmulo de funciones que ello implica ya que fue habilitado con licencia para llevar a cabo funciones técnicas jurídicas en la Secretaría de Justicia.