Fue promulgada la ley 25.882, publicada hoy en el Boletín Oficial a través de la cual se modificó el artículo 166 del Código Penal. Con la modificación relizada en su nueva redacción la norma establece "Se aplicará reclusión o prisión de CINCO a QUINCE años: 1.Si por las violencias ejercidas para realizar el robo, se causare alguna de las lesiones previstas en los artículos 90 y 91. 2.Si el robo se cometiere con armas, o en despoblado y en banda. Si el arma utilizada fuera de fuego, la escala penal prevista se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo. Si se cometiere el robo con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada, o con un arma de utilería, la pena será de TRES a DIEZ años de reclusión o prisión." Cabe recordar que esta modificación y aumento de pena para los delitos cometidos con armas (incluso la de utilería) -muy discutida y polémica- fue realizada luego del clamor popular encabezado por el petitorio de Juan Carlos Blumberg, entregado a las autoridades legislativas a raíz de la inseguridad, producto de la ola de robos y secuestros acontecidos recientemente. En su anterior redacción disponía que "Se aplicara reclusión o prisión de cinco a quince años: 1º si por las violencias ejercidas para realizar el robo, se causare alguna de las lesiones previstas en lo artículos 90 y 91; 2º si el robo se cometiere con armas, o en despoblado y en banda."
Fiscalías
Los miembros del Círculo de Magistrados de Tucumán, se reunieron con el vicegobernador, Ferando Juri, para pedirle cubrir las fiscalías vacantes y la creación de nuevas depenencias. El titular de la entidad, Augusto Avila, dijo que tuvieron por parte del vicegobernador un "eco favorable a la petición". También se analizaron proyectos para afianzar y mejorar el funcionamiento de la audiencia como régimen para la designación de magistrados y funcionarios.
Negativa
El ex presidente Fernando De la Rúa negó hoy ante el juez de instrucción Facundo Cubas que hubiera cometido irregularidades en la contratación del servicio de comedores escolares y hospitalarios porteños en 1997, durante su gestión al frente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El ex jefe de Estado prestó declaración en el marco de una causa en donde se investigan maniobras vinculadas con una supuesta contratación directa del servicio de catering de comedores escolares y hospitalarios. En el expediente figuran imputados además de De la Rúa, sus ex colaboradores Adalberto Rodríguez Giavarini, Ernesto Marcer, Oscar Aiello y Guillermo Delle Ville. Cuando se retiró del Palacio de Tribunales el ex presidente recibió una lluvia de insultos por parte de personas que estaban en las cercanías de Talacahuano 550.
Renuncia
Por medio del decreto 506/2004 el presidente Néstor Kirchner aceptó la renuncia del juez Alberto Jesús Bueres, a su cargo en la Cámara Nacional en lo Civil de la Capital Federal, Sala "D", la cual tendrá efectos a partir del 1º de mayo próximo. El profesor Bueres manifestó a su entorno de colaboradores que la justicia "ya lo tenía un poco cansado".
Contaminación visual
Se iniciaron operativos para erradicar publicidades que transgredan las ordenanzas municipales en la ciudad de Tucumán. Frente a dicha problemática, el subdirector de Catastro, Ricardo Sorol declaró: "Hemos comenzado por notificar a los infractores, luego vendrán las sanciones impuestas por el Tribunal de Faltas y, finalmente, los carteles serán retirados por una cuadrilla". Similares medidas tomó el titular de la Dirección de Tránsito, Carlos Almirón, con respecto a los pasacalles. "Su uso está prohibido y serán retirados todos los plásticos que se cuelguen. No existen permisos especiales para colocarlos. No hay excepciones en este tema", aclaró. Cabe destacar que las demandas por contaminación visual es un factor que en los últimos años ha sido advertido generalmente en los grandes centros poblados. En Buenos Aires, varias denuncias se han registrados por "contaminación visual". En este sentido la Asociación Civil de Familiares y Víctimas del Tránsito (FAVAT) mediante una presentación realizada a fines de marzo ante la justicia reclamó que se erradiquen los carteles publicitarios que están a lo largo de la avenida Lugones, desde la General Paz hasta la autopista Illia. En ella recordaron la sentencia del juez en lo Civil Ricardo Li Rossi, que le daba un plazo de 180 días a la comuna para que retirara los carteles.