SCHENGEN. Interesante visita al país fue la que hizo días pasados el fiscal italiano Alberto Landolfi, experto en temas vinculados al tráfico de drogas y a la seguridad del Estado. En su charla con jueces, fiscales y gente del gobierno, el joven funcionario al contar cómo era su trabajo diario, dejaba la impresión en su auditorio argentino que las realidades de ambos países están mucho más lejanas que lo que suponíamos. Italia, veterano integrante de la hoy expandida Unión Europea, mediante el Catálogo de Schengen, acordó con los demás países comunitarios prerrogativas procesales que para la Argentina de hoy serían de ciencia ficción. Delitos comunes como secuestros, falsificaciones, incendios dolosos u homicidios, pueden ser investigados por fuerzas policiales de cada país, incluso dentro de otro Estado vecino, sin que esto mengue la soberanía jurisdiccional de nadie. Si un ladrón se escapa y logra pasar la frontera que separa dos Estados, la policía que lo venía persiguiendo está legitimada para continuar su accionar por hasta cinco horas después de pasar la frontera, tiempo luego del cual, debe dar aviso a las autoridades locales, para seguir actuando. Las policías a ambos lados de fronteras internacionales, no necesitan ni de exhortos ni de rogatorias para cumplir con sus tareas de cooperación policial, basta un e-mail o un llamado telefónico. Un juez porteño, a esa altura bastante sorprendido de lo que estaba escuchando, le repreguntó sobre la cuestión, ya que en nuestro país, si un delincuente es ubicado más allá de la General Paz, la policía primero debe ir a un juzgado, esperar a que le hagan un exhorto y luego llevarlo al otro juez con jurisdicción del lugar. Aquí, una experiencia similar, no ya entre estados soberanos, sino entre provincias argentinas, sería casi tan útil como impracticable. Útil porque mejoraría la efectividad del accionar de los uniformados, con un impacto directo sobre la seguridad. Pero impracticable por las suspicacias que genera la actuación de la policía y los recelos mutuos con que vienen edificando su relación a través de los años. Por eso la propuesta de Béliz, en su reunión con los encargados de la cartera de justicia de las provincias argentinas, quizá sea el punto más destacado del proyecto polirrubros que presentó a la sociedad. La Argentina en un mundo en donde la cooperación judicial y policial es cada vez más necesaria por la transnacionalización del delito, no puede darse el lujo en su orden interno de tener una organización judicial anquilosada y despareja, que sólo permite que el desgano y la burocracia (siempre son muchos papeles), sirvan de estratégico aliado del delito. Por eso, si bien estamos muy lejos todavía del vademecum que generó el acervo Schengen, sería bueno aprovechar el "efecto Blumberg" para solucionar este tema de vieja data.
DE TANTO DECIR AMEN, LA MISA NO SALE BIEN. La frase cuadraría perfectamente para definir la curiosa y llamativa situación que se produjo cuando el Consejo de la Magistratura salió a cuestionar la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de alterar los órdenes que rigen a la elección de jueces para proponer de buenas a primeras a un fiscal de Santa Cruz, para ocupar un cargo en un tribunal de oral de la Capital Federal. Nadie en el Consejo cuestionaba puntualmente a Ricardo Camuti, pero les llamaba la atención que en vez de cubrir los tres cargos vacantes se hubiera decidido cubrir sólo uno de los puestos, con un integrante de las lista de candidatos suplementarios que envió el cuerpo al Poder Ejecutivo Nacional. Los hechos ventilados a mediados de la semana tuvieron la pronta respuesta del PEN, quien por medio de una nota aclaró que en verdad se habían enviado al Senado Nacional los tres pliegos para ocupar las vacantes, pero que debido a un “error operativo” había llegado primero el del fiscal de Río Gallegos. La nota firmada por el viceministro de Justicia, Abel Fleitas Ortiz de Rosas, conformó a medias a los consejeros que igualmente decidieron enviar una nota para recordarle que se debe respetar el carácter vinculante de las decisiones del Consejo en la elección de magistrados. En ese sentido, un vocero autorizado disparó que en el fondo no extrañaba la postura del PEN, ya que según indicó, la transparencia supuesta quedó sólo en la firma del decreto 222. Al respecto, la fuente confió que por ejemplo “nunca se dieron respuesta a las impugnaciones que se presentaron en contra de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Las relaciones entre el Consejo y el Ejecutivo han quedado tirantes, y quizás se resientan más cuando a mitad de semana le envíen una nota reclamando mayor celeridad en la elección de jueces -según ternas aprobadas por el Consejo- . “Ellos proponen reformas y quieren rapidez, pero lamentablemente no se preocupan por los temas a los deben dar respuesta”, sentenciaba un consejero ya experimentado en sostener frentes a pie firme: es que hasta no hace poco mantenían con la Corte una tensión permanente en este juego de poder bicéfalo sobre la justicia. Después de la experiencia "Magariños" y los reclamos salariales de sus cuerpos satélites, la Corte entendió que no era su hora más gloriosa y por un tobogán empezó a delegar cargas y responsabilidades al Consejo, que de a poco va logrando que la realidad política los vaya teniendo más en cuenta.