La Comisión de Justicia y Asuntos Penales ya había aprobado un dictamen con la firma de diez senadores la semana anterior que planteaba introducir la figura del “entregador” (no está contemplado hasta el momento) y reducir la pena cuando se entrega una pequeña cantidad de droga en forma casual.
En esa ocasión se consideraron tres proyectos referidos a este mismo tema: uno proveniente del Poder Ejecutivo, otro de la senadora Mabel Müller (PJ-Buenos Aires) y el último del senador Padres.
El proyecto iba a ser tratado la semana pasada por el plenario del cuerpo, pero por iniciativa de todos los bloques y por pedido expreso de la senadora Sonia Escudero (PJ-Salta), se decidió postergarlo por una semana y ampliar su análisis a la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.
Por esa razón, las dos comisiones se reunieron ayer y emitieron un nuevo dictamen, que aún no tiene la firma del senador Jorge Agundez (UCR-San Luis), presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
El proyecto, que posiblemente sea aprobado en la próxima semana en el recinto, prevé incorporar como párrafo 4° del artículo 5 de la Ley 23.737 el siguiente texto: "En el caso del inciso e) del presente artículo, cuando la entrega, suministro o facilitación es ocasional y a título gratuito y por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere que es para uso personal de quien lo recepta, la pena será de 6 meses a 3 años de prisión y serán aplicables los artículos 17,18,21".
Además plantea una modificación del artículo 34 de la ley, el que quedaría redactado de la siguiente forma: "Artículo 34: Los delitos previstos y penados por ésta Ley serán de competencia de la justicia federal en todo el país. Exceptúase de lo dispuesto en el párrafo anterior la investigación y juzgamiento de los delitos previstos en los artículos, 204, 204 bis, 204 ter, 204 quater del Código Penal; artículo 5 tercer y cuarto párrafo, artículo 14 segundo párrafo y artículo 29 de la presente ley; y que sean perpetrados dentro de la jurisdicción provincial o de la ciudad de Buenos Aires, los que serán de competencia de la jurisdicción penal ordinaria de las distintas jurisdicciones si no fuera competencia de la justicia federal".
Esta última iniciativa tiene como objetivo alivianar la cantidad de causas existentes en los tribunales nacionales. Concretamente, se deja en el ámbito de la Justicia federal las causas de narcotráfico y se deriva a los tribunales provinciales y de Instrucción de la Ciudad de Buenos Aires los delitos menores relacionados con estupefacientes.
Al respecto, el Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Luis Di Rocco, apoyó en los últimos días la desfederalización de la lucha contra la droga. "Es necesaria la competencia de la justicia provincial para intervenir con mayor celeridad", dijo en directa alusión a la ley. El funcionario bonaerense también afirmó que "en los barrios están los lugares de venta de droga y los fiscales y los jueces provinciales están más cerca del vecino y pueden dar respuestas con mayor rapidez".