PIP, PIP, PIP. No se sabe si causa sorpresa o angustia que en la República Argentina en pleno siglo XXI se discuta si un competidor puede nombrar a otro en una publicidad. A más de treinta años del leading case “Rolex contra Orient”, una recordado aviso puesto en el aire por la agencia McCann Ericson que terminó en los tribunales tras un reclamo de la marca suiza, todavía es materia de debate si es lícita la publicidad comparativa a full en la Argentina. Dos de los profesores que más seriamente han trabajado el tema desde lo académico, son Norberto Spolansky y Marcelo Aguinsky –hoy se dividen las titularidades de las cátedras de Penal Económico de las universidades de Belgrano y Palermo respectivamente-. Con encuestas trabajosamente realizadas a “gente común”, han logrado amalgamar un concepto dinámico de derecho y economía con respecto a las cuestiones de mercado catalizadas a través del marco normativo. A muchos jueces les es dificultoso adaptar el timming de los negocios a rígidos moldes jurídicos. Así como la vieja ley civil generaba casi una obligación de sentir y amar vedando el divorcio vincular, hay ciertos preconceptos jurídicos que ante un vacío legislativo que indique qué debe interpretarse como “desleal” no aceptan como válido que un competidor se erija en “fiscal” de su marca rival por creer que eso atenta contra la moral y las buenas costumbres. ¿Pero qué otro síntoma de la vida moderna es más representativo de la época que la hiper competitividad en todos los campos del desarrollo humano? Si bien ambos profesores no quieren por el momento dar a conocer los resultados de las investigaciones con respecto a las preferencias del público sobre estas prácticas publicitarias, para no favorecer intereses comerciales claramente en pugna a raíz del conflicto Isenbeck – Quilmes; lo cierto es que académicamente, tienen opinión formada. Mientras no se denigre a la marca rival, no se dé lugar a confusión ni se induzca a error al consumidor, la lucha por la clientela en un sistema económico de libre competencia, podría admitir sin mayores traumas para el mercado, el uso de recursos publicitarios de este tipo. Qué pasaría si Quilmes, en vez de erigirse como formal víctima en Tribunales, hubiera pagado con la misma moneda, en el terreno publicitario. Frases como: “Tómese una Qulmes, con la tapita garronee una Isenbeck y guárdela para cuando venga su suegra”, o ”La Quilmes es tan buena que ahora, hasta la tapita que usted antes tiraba, le sirve para conseguir una Isenbeck gratis“ tienen más color que cualquier estrategia judicial que salga a cortar el pícaro juego de un competidor que se quiere “colgar” de su condición de líder. Mientras los abogados se pelean, la gente sigue tomando cerveza. ¿Me explico?
DECIDIDOS. Los miembros de la acusación del Consejo, con cuotas iguales de ofuscación e ingenio, saldrán a decirle a la opinión pública, por medio de una dura solicitada, cuan lejos de la verdad están quienes los señalan y critican como ineficientes e inoperantes. Así como muchas veces ellos escuchan a jueces que van a defenderse con su verdad, ante denuncias aderezadas con una pizca de sentencia mediática, ahora los que se van a hacer escuchar son ellos. Es que consideran de supina injusticia que desde ciertos sectores de la comunidad jurídica, entre ellas la emblemática ONG Poder Ciudadano (incluso algunos de los consejeros con cierta picardía la señalan como integrada por varios miembros de la claque del programa Forum que sirvió de plataforma mediática al conocido ex fiscal Luis Moreno Ocampo) los acusen de complacientes. Lo cierto es que en su corta existencia, el Consejo ha producido un record de remociones de magistrados –por vía directa o indirecta al provocar decorosas renuncias-, si se lo compara con las estadísticas de la historia constitucional argentina. Es que lo que resulta gravemente engañoso para la opinión pública, es que se haga creer que la remoción de jueces es una tarea rutinaria. Nada más alejado que eso para asegurar la salud de la república, ya que echar a un juez es especialmente grave y sobre todo traumático para la democracia. Este remedio extremo y reservado sólo para aquellos casos en donde hay causales realmente graves de mal desempeño o que rocen el delito, debe ser administrado con suma prudencia y justeza. No para la felicidad de los jueces, sino en defensa del interés de los mismos justiciables, que pueden llegar a ser víctimas de decisiones judiciales cobardes, cuando los jueces prefieren cuidarse las espaldas para no ser acusados, haciendo lo políticamente correcto en vez de lo que ellos estén realmente convencidos que tienen que hacer. Y eso muchos consejeros lo tienen claro, y al parecer están dispuestos a defenderlo más allá de la comodidad del quedar bien para la tribuna. Incluso no son pocas las veces en que luego de jornadas enteras de exposición de jueces que van a defenderse, muchos consejeros advierten que el sistema así se fortalece. Pero como las aclaraciones de los jueces, la mayoría de las veces apoyadas en el expediente que nadie leyó, no tienen la misma fuerza que las denuncias que dieron origen al juzgamiento, el Consejo más de una vez parece quedar en off side. ¡Marche un telebím jurídico!