Además, explicaron que justamente se le dio mayores facultades a un sistema penitenciario como el de la provincia de Buenos Aires, el cual se encuentra bajo “fuertes cuestionamientos” por distintos hechos de “corrupción” en los que han incurridos sus miembros. Cuanto más poder se le de al sistema, “menos control se podrá tener sobre él”, -señalan- ya que podrá derivar o mantener internos en penales en donde su seguridad pueda estar en riesgo constante.
A modo de ejemplo de lo delicado que es la situación, los voceros señalaron que en el penal Batán dos internos que denunciaron a funcionarios del SPB aún permanecen alojados en el mismo, expresando que “le pedimos al juez que los traslade, pero este se niega a hacerlo dado que por la nueva reforma no puede”. “Estos reclusos están en una situación de peligro tremenda” destacando que este tipo de hechos funciona como un “elemento de presión para desalentar las denuncias”, concluyeron.
A raíz de ello, los integrantes del Consejo se reunirán con el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Di Rocco, para transmitirle que la reforma aprobada es inconstitucional ya que según las leyes son los jueces los que deberían decidir el traslado de los detenidos.