Diario judicial: ¿Qué aportes importantes han hecho últimamente las ONGs a la Justicia?
Daniel Sabsay : Un tema muy importante es la ampliación del acceso a la Justicia. No hay duda que la textura que se le dio al segundo párrafo del artículo 43 e inclusive la denominación de amparo colectivo, la interpretación de vida del término afectado dentro del trípode, el modo de calificar y de definir lo que son las asociaciones que tienden a la defensa de tales fines se deben a una cantidad de casos paradigmáticos que fueron abriendo las puertas hacia una modificación del derecho procesal de una manera colosal, cambiando de conformidad con la naturaleza de los derechos e intereses cuya defensa se propende a través de estos remedios. Este es un primer punto clave.
Los otros aspectos están muy ligados con todo el movimiento que han hecho las ONGS a partir de este colectivo de seis: las que nos denominan las organizaciones de “Una Corte para la democracia”. Todas defendemos algún derecho e interés colectivo de distinta naturaleza. Pero además que nos hayamos puesto a trabajar, independientemente de nuestros distintos objetos y de nuestros programas y sin financiamiento, en una contribución para el mejoramiento institucional, creo que es sumamente loable sobre todo por los resultados. Prácticamente todo lo que se ha tocado viene de esos documentos: la autolimitación presidencial con el decreto 222 y el 588, las acordadas de las Corte que dan publicidad al movimiento de los expedientes dentro de la Corte, que mejoran la posibilidad de que sean publicadas a través de internet, la aceptación del amicus curiae, la discusión de que los jueces deben pagar el impuesto a las ganancias, la discusión sobre las declaraciones juradas de bienes a fin de que se pongan a tino con la ley de Ética Pública.
Dju: ¿Deben los jueces pagar impuesto a las ganancias?
DS: Yo creo que no existe ninguna interpretación inconstitucional que pueda establecer que los jueces están eximidos de pagar el impuesto a las ganancias, so pretexto de que eso podría importar una limitación a la limitación de poderes. De ninguna manera implica algún menoscabo al objetivo al que propende esta definición el hecho de que tengan que hacerse cargo de las mismas cargas públicas que el resto de los ciudadanos. Sino no son ciudadanos jueces, son jueces privilegiados.
Desde el punto de vista de la necesaria reconciliación que tiene que existir entre los ciudadanos y sus instituciones, la oposición de los jueces se transforma en otra valla más en contra de esta reconciliación. Y además señala una situación en que cuando ellos están en cuestionamiento son sumamente rígidos en la defensa de sus supuestos derechos.
Dju: ¿Hay una actitud corporativa de los jueces en este punto?
DS: Yo creo que sí. Es una visión injustificada y mala para la misma posición de los jueces frente a la sociedad.
Dju: ¿Cuál su opinión del proyecto que pretende reformar el Consejo de la Magistratura de la Nación?
DS: En primer lugar, me parece que el número de miembros es excesivo, debería disminuirse a la mitad. En segundo lugar, me parece importante que se elimine la presencia de legisladores como miembros del Consejo porque eso es abiertamente inconstitucional: uno no puede ejercer al mismo tiempo un cargo en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Además no es funcional, es disfuncional. Y desde el punto de vista del funcionamiento es algo que va en contra del sentido apartidista que tiene que ser el Consejo y no recoge del derecho comparado en donde, cuando se habla de representantes de los poderes políticos, en realidad son esos poderes políticos los que designan a juristas para que los representen. Lo que de alguna manera sucede con el representante del Ejecutivo. El hecho de que los legisladores hayan querido ponerse ellos es un grave error.
El otro tema importante que ahí se trata es la distribución de cuáles son las funciones de la Corte Suprema y cuáles las del Consejo. En realidad es un cuerpo hoy manco. No ha tomado prácticamente en nada de lo que era una de las razones principales de su propia existencia: el control de disciplina y el manejo de los fondos. Eso lo retiene todavía la Corte Suprema.
Dju: ¿Y con respecto al Jurado de Enjuiciamiento?
DS: Para mí hay que disolverlo y reemplazarlo por un sistema de jurys ad hoc. Tiene que haber listados previos donde los distintos sectores que lo representan presenten candidatos. Se sortea al momento de conformar un jury. Una vez que se terminó el Jury se disuelve y así sucesivamente. Es mucho más neutral, mucho menos corporativo y muchísimo más barato.
Dju: El Poder Ejecutivo envió al Congreso dos proyectos antes de que echaran a Béliz, que son la unificación de fueros y la implementación de juicio por jurados. ¿Qué opinión le merecen?
DS: En primer lugar son dos aspectos interesantes porque no por nada se caldearon tanto las voces. Respecto de la unificación de fueros me parece que es difícil sostenerlo constitucionalmente porque desconoce que la justicia de la capital federal debe ser tarde o temprano, ojalá que sea lo mas temprano posible, justicia de la ciudad de buenos aires. Creo que este proyecto iba a agilizar que se llegará a esta conclusión. Se iba a traspasar esa justicia y, por ende, iba a quedar mucho más licuado, mas diseminado, la posibilidad de juzgamiento de importantes hechos en materia de delitos contra la administración pública que todos sabemos que se concentran en la capital federal y, no por casualidad, los famosos jueces de la servilleta, fundamentalmente, fueron los jueces federales en lo penal de la capital federal.
Respecto de los juicios por jurado no hay duda que la manda constitucional desde 1853 ordena que se organice el juicio por jurados, eso es uno de los incumplimientos más groseros de la Constitución. Ahora, el sistema es riesgoso, de muy difícil implementación, es muy caro, aunque si es positivo hacen ahorrar tanto que ese costo esta con creces cubierto. Otro aspecto es el modo de gestionar el juicio por jurados. Yo tengo que asegurarme de procedimientos idóneos y objetivos como para que en los jurados estén representados muy diversos sectores de intereses, grupos, razas, partidos políticos, ideologías de una sociedad. Y lo tercero es que tengo que proteger a los jurados para darle seguridad y contención y protegerme de ellos porque pueden ser muy corruptibles.
Dju: Siempre que se habla de reformar la Constitución muchos sectores lo toman como la llegada del Apocalipsis. ¿Por qué?
DS: Para muchos es como un temor que se toque algo que tiene que ver con los derechos individuales y para ser más directo, muchos que se aterrorizan de que les toquen el derecho de propiedad y no realmente una defensa del estado de derecho. Yo fui reformista pero ya no creo más en reformas constitucionales, creo en procesos más participativos y menos políticos corporativos como lo fue la reforma del 94. Lo interesante de la Constitución es que se cumpla y la gran revolución en la Argentina es que se cumpla la Constitución y la ley.
Dju: ¿Cómo ve la protesta social desde la Constitución Nacional?
DS: El derecho de deliberar y de peticionar a las autoridades tiene dos características comunes a todos los derechos: deben manejarse a través de carriles pacíficos y en la medida que no invadan la esfera de otros derechos. Bajo situaciones de extrema necesidad uno tiene que ser mucho más amplio. Pero desde el 2001 y 2002 me empecé a preocupar mucho porque noté que existía una actitud violenta y una voluntad de coartar, yo diría, de manera feroz los derechos. Y no había una actitud de conciliar posiciones encontradas. Acá también debe hacerse lo necesario para que se cumpla la Constitución y la ley. Y tanto la represión en sentido no violento, básicamente preventivo, pero a veces represión en última instancia.
Dju: ¿Cree que al gobierno se le fue de las manos la protesta social?
DS: Creo que no se sabe muy bien como reconducirla. Y me preguntó hasta que punto, la financiación de la política a partir de la distorsión de los fondos públicos para programas sociales, se ha transformado en un vehículo de clientelismo que hizo caer en la trampa a los mismos que lo han desviado para ese lado porque terminan siendo rehenes de aquellos a quienes les dan los privilegios para que los apoyen y se transformen en tropa. Un juego muy macabro y muy destructivo para el sistema jurídico.
Dju: Entonces, es un problema más político que social...
DS: Muy político...
Dju: El poder que más se evocó a tratar la protesta social fue el Ejecutivo. ¿Cree que debería actuar más el Judicial?
DS: Yo creo que el Ministerio Público tendría que tener mucha más participación y también el Poder Judicial. Pero aparece otro problema que yo entiendo de parte de quienes están en esos poderes, ¿hasta que punto sienten desde el poder político el respaldo necesario para actuar?
Dju: ¿Cuál es su opinión de los nuevos integrantes de la Corte Suprema, el Dr. Zaffaroni y las Dras. Higton y Argibay?
DS: Tengo la mejor de las opiniones de los tres. Son figuras indiscutidas del derecho argentino, de las cuales jamás he oído hablar de algún tipo de actitud en el ejercicio de la magistratura de deshonestidad. Son académicos destacados, en particular el Dr. Zzaffaroni y la Dra. Higton. En el caso de la Dra. Argibay es, tal vez, la que ha hecho el cursus honorum más impresionante de un juez argentino porque llegó a lo máximo que a nivel internacional un latinoamericano ha tenido, la Corte Internacional de la Haya.
Dju: Varias veces se mencionó su nombre para integrar la Corte.
DS: Nunca jamás nadie me ofreció nada.
Dju: ¿Le saca el sueño ese tema?
DS: No, no me saca el sueño. Uno tiene que asumir las cosas como vienen y no hay que adelantarse a las eventualidades porque sino es hacerce autobombo. Me sentí gratificado porque en cantidad de medios me ponían a la cabeza en las preferencias de la gente.
Dju: ¿Se reforma la Constitución de Santiago del Estero?
DS: Sí, se ha convocado a elecciones para convencionales constituyentes.
Dju: Muchos dicen que esa reforma es inconstitucional. En el Senado de la Nación está circulando una carta entre los legisladores oponiéndose a la reforma.
DS: Creo que es una errada interpretación. Y le dijo por qué. Si la ley que declaró la intervención tuvo por objetivo el saneamiento, restauración y la garantía de la forma republicana de gobierno. Si al mismo tiempo le dio sin excepción al interventor funciones ejecutivas y legislativas y si lo que el interventor en definitiva hace es ejercer el poder preconstituyente, pero por otro lado en la constitución santiagueña se identifican claros mojones de la construcción de un poder autoritario hecho adrede a partir de toda una ingeniería del juarismo, para que el interventor puede satisfacer el objetivo para el cual se lo ha designado necesariamente debe remover esos escollos: modificar el régimen electoral que está constitucionalizado, modificar los poderes de excepción del ejecutivo, dar plena autonomía a los municipios, asegurar la dependencia del poder judicial que no está para nada garantizada. En consecuencia no veo donde está la inconstitucionalidad.
Dju: ¿Qué opina del despido de Béliz?
DS: Me preocupa por dos motivos. En primer lugar porque Béliz integró un equipo muy coherente de colaboradores. Y en segundo lugar creo que fue uno de los Ministros de Justicia de la democracia que más iniciativas, propuestas, reformas reales generó durante sus 14 meses como ministro. Instauró un diálogo con la sociedad civil que ningún ministro de ningún orden tuvo jamás la Argentina. El cambio me preocupa porque veo elementos claramente involutivos. Le voy a decir el más importante: la presencia de Iribarne como Secretario de Seguridad. Es una persona que fue la mano derecha de Corach, estuvo muy cerca de Ruckauf, estuvo muy cerca de Grosso y es un miembro duro del Duhaldismo. Me preocupa mucho que esa sea la persona que se ponga para que modifique lo que se criticó desde esta misma administración como algo que había que cambiar cuando él formó parte de la administración que más hizo para que las cosas estén como están.
Dju: ¿Y de Rossati?
DS: Es una persona que respeto, es un constitucionalista con el que tengo una relación personal. Ha sido un muy buen Procurador del Tesoro Nacional. Pero no sé si tiene el temple para llevar a cabo un Ministerio tan difícil. Además las personalidades de Rosatti e Iribarne son muy distintas. Es una definición por la cual a Iribarne se le ha dado un sector en el cual Rosatti no va a tener gran incumbencia. Queda por conocer algo muy importante, todavía no ha integrado su equipo. Quiero ver si en esos otros nombramientos le va a pasar lo mismo que con Iribarne, que vino impuesto, o va realmente a tener un equipo coherente que pueda técnicamente trabajar como trabajo el de Béliz.