Según datos estadísticos de 2001, el máximo tribunal resuelve anualmente 14.903 causas. Para ello cuenta con 192 funcionarios de alta jerarquía y emplea una planta total de 2.341 funcionarios y empleados administrativos entre las áreas sustantivas, de administración central y las áreas de apoyo.
“Es evidente que el excesivo número de causas provoca irrazonables demoras en su resolución”, dicen los autores del proyecto. Además, impide un seguimiento correcto de las decisiones del tribunal para analizar la calidad de sus razonamientos y preservar la seguridad jurídica. Para tener una referencia de estos números, hay que recordar que la Corte Suprema de los Estados Unidos, decide sobre el fondo del asunto entre 70 y 90 casos por año (menos del 1% de las que decide nuestra Corte).
“Es necesario devolver a la Corte el poder que debe tener” aseguran las ONGs entre las que se encuentran FARN, CELS, FORES, ADC y el INECIP. Por esta razón elaboraron un proyecto que plantea una restricción de la competencia de la Corte a aquellas causas relevantes para el funcionamiento de la democracia constitucional.
“Uno de los modos de reducir el número de causas que decide la Corte Suprema de Justicia, es derogando aquellas disposiciones que establecen la competencia ordinaria de ese tribunal, dejándola limitada a los casos en los que esté en juego la interpretación de disposiciones constitucionales y de normas generales de carácter federal, tal como surge del diseño originario del artículo 14 de la Ley 48. Esta solución es perfectamente compatible con el rol que la Corte Suprema de Justicia ocupa en nuestra Constitución”, señalaron las ONGs en los fundamentos del proyecto.
La iniciativa propone también la actualización de la ley 4055 en función del actual artículo 479 del Código Procesal Penal de la Nación, que prevé un recurso de revisión contra las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada.
El proyecto incluye además una cláusula transitoria destinada a resguardar los derechos de las personas quienes, bajo la vigencia de las disposiciones legales que se pretende derogar, estaban en condiciones de interponer recursos ordinarios ante la Corte Suprema. Según se aclara en los fundamentos del mismo, la cláusula transitoria “satisface los requisitos del derecho constitucional a la defensa en juicio y se ajusta a la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación”.
“Hay consenso entre la ONGs que la Corte funciona mal porque tiene muchos expedientes en trámite. El Proyecto propone eliminar la jurisdicción ordinaria de la Corte en temas previsionales, demandas contra el Estado y juicios de extradición, aunque pueden llegar por vía del recurso extraordinario, porque retrasa el trabajo de la Corte”, comentó una de las ONGs.
En resumen, el proyecto propone derogar los artículos 3° y 4° de la Ley 4055; los artículos 19 y 20 de la Ley 24.463; el artículo 24, inciso 6º del decreto ley 1285/58 y los artículos 254 y 255 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación . Además plantea sustituir el primer párrafo del artículo 33 de la ley 24.767, por el siguiente: “La sentencia será susceptible del recurso de casación, previsto en el Artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación, y del extraordinario previsto en el Artículo 14 de la Ley 48”.