Además, se buscará que se elimine del actual código la obligación de que parejas puedan acceder al beneficio si previamente se separaron, con la cual se pretende la supresión de ese requisito.
Para los casos en que el divorcio no sea por consenso de la pareja sino a petición de una de las partes, el objetivo es que, también se resuelva en "pocos meses".
La ley tendrá muy en cuenta la existencia de terceras personas afectadas por la separación o el divorcio, como los hijos, y por eso pretende que la disolución se produzca en condiciones de equidad.
El proyecto será tratado en las primeras semanas de septiembre, tras lo cual, una vez aprobado, debería pasar a informe del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado y de ese modo se iniciaría su trámite parlamentario.