La gente de Silvani se queja de que ninguno de los Liporaci- Liporace investigó a fondo a Samid y lo metió preso por presunta jefatura de asociación ilícita armada para evadir impuestos y defraudar al Estado. Pero ocurre -simplemente, dicen lo jueces- que en lugar de armar operaciones de prensa, los abogados de la DGI tendrían que presentar pruebas en los juzgados. "Como se les escapó (Omar) Fassi Lavalle, ahora quieren otro preso famoso", suelen repetir tanto en Comodoro Py como en Inmigrantes donde se encuentran los juzgados en lo Penal Económico. Julio Cruciani no suele ahorrar calificativos para criticar a los abogados de la AFIP, aunque -con criterio más político que judicial- suele desprender a Silvani de sus afilados dardos.
El caso Samid es explicado por Carlos Liporace –un juez caracterizado por sus agudas reflexiones- como una seguidilla de sinrazones en la que el derecho parece haber estado ausente. Primero se le imputó por parte de la DGI de la presunta comisión de los delitos de defraudación al Estado y evasión tributaria por lo que la causa recaló en el fuero federal, o sea en el juzgado de su cuasi homónimo Liporaci. Pero luego al caerse la figura de defraudación al fisco, la misma DGI pidió el cambio de competencia aunque decidió mantener el calificativo de jefe de asociación ilícita.
La Cámara Federal porteña desestimó ese pedido y remitió el expediente a Penal Económico, recayendo en lo de Liporace, pero con un agravante: en ese mismo fuero se estaba tramitando una causa en el juzgado de Guillermo Tiscornia. Al plantearse una cuestión de competencia, el expediente estuvo demorado en esa cámara aunque la cuestión se resolvió por la vía impensada: al ser suspendido Tiscornia por el Senado, le correspondió la subrogancia del juzgado a Liporace y asunto concluído. El caso Samid se queda con este juez, pero recién desde hace pocos días.
El caso no parece de fácil resolución porque Liporace debe expedirse sobre un expediente que tiene 5.000 fojas en el cuerpo principal y otras 5.000 en los anexos. "Es más grande que todo el expediente de la AMIA porque la DGI ha presentado como 127 denuncias contra Samid". Esto es de imposible resolución como quiere la AFIP, se razona en ese juzgado porque primero deben fundarse las acusaciones y comprobar las irregularidades para poder establecer si existe asociación ilícita, si solo es evasión impositiva o previsional y si el caso debe ser juzgado por la actual o la anterior ley penal tributaria que es mucho más benigna.
Ese encuadre lo van a determinar los períodos fiscales en los que se habría evadido pero tampoco -sostiene Liporace- la DGI los presentó. Para Liporaci, el federal, la cuestión es más simple: se recuesta en la decisión de los camaristas de apartarlo de la causa por considerar que no existía defraudación al Estado, sino simplemente evasión. Por lo tanto mal podría meter preso a Samid.
Pero la irritación de los letrados de Silvani no se agota en estos dos jueces. El fiscal del oro, Miguel Ángel Osorio - rápidamente pasó de mantener bajo perfil a salir en diarios con declaraciones rimbombantes, un cambio de estilo que se compadece con otros de arraigo ideológico- está acusado de distorsionar la verdadera naturaleza tributaria de esta causa que investiga las relaciones de Casa Piana, Banco Quilmes y la propia DGI: sostienen que el fiscal se equivoca cuando mantiene su criterio de que el la gravabilidad del IVA al oro se cambia cuando se modifica el destino final de las exportaciones pese a estar claramente especificado en la ley.
Para estos expertos impositivos atribuir las responsabilidades de los reintegros de la DGI es favorecer las intenciones del banco Quilmes de evitar la ejecución de las garantías por $ 17 millones que le impuso el ex director general de ese organismo, Ricardo Cossio cuando se le incautaron comprobantes de manufacturas que no correspondían a la realidad económica. Si el fiscal al que vinculan con el diputado del PJ, Mario Das Neves y al ex jefe de los Intocables de la DGI, José Maria Peña, logra procesar a los funcionarios de la DGI, el Estado debería devolverle esos $ 17 millones al Quilmes. Por una resolución de Carlos Tacchi los créditos fiscales reclamados debían ser transferidos al exportador en solo 3 días. Ello, obviamente, impedía controles serios.