La gente de Silvani se queja de que ninguno de los Liporaci-Liporace investigó a fondo a Samid y lo metió preso porpresunta jefatura de asociación ilícita armada para evadirimpuestos y defraudar al Estado. Pero ocurre -simplemente,dicen lo jueces- que en lugar de armar operaciones de prensa,los abogados de la DGI tendrían que presentar pruebas en losjuzgados. "Como se les escapó (Omar) Fassi Lavalle, ahoraquieren otro preso famoso", suelen repetir tanto en ComodoroPy como en Inmigrantes donde se encuentran los juzgados en loPenal Económico. Julio Cruciani no suele ahorrar calificativospara criticar a los abogados de la AFIP, aunque -con criteriomás político que judicial- suele desprender a Silvani de susafilados dardos.
El caso Samid es explicado por Carlos Liporace –un juez caracterizado por sus agudas reflexiones- como unaseguidilla de sinrazones en la que el derecho parece haberestado ausente. Primero se le imputó por parte de la DGI de lapresunta comisión de los delitos de defraudación al Estado yevasión tributaria por lo que la causa recaló en el fuerofederal, o sea en el juzgado de su cuasi homónimo Liporaci.Pero luego al caerse la figura de defraudación al fisco, lamisma DGI pidió el cambio de competencia aunque decidiómantener el calificativo de jefe de asociación ilícita.
La Cámara Federal porteña desestimó ese pedido y remitió elexpediente a Penal Económico, recayendo en lo de Liporace, perocon un agravante: en ese mismo fuero se estaba tramitando unacausa en el juzgado de Guillermo Tiscornia. Alplantearse una cuestión de competencia, el expediente estuvodemorado en esa cámara aunque la cuestión se resolvió por lavía impensada: al ser suspendido Tiscornia por el Senado, lecorrespondió la subrogancia del juzgado a Liporace y asuntoconcluído. El caso Samid se queda con este juez, pero reciéndesde hace pocos días.
El caso no parece de fácil resolución porque Liporace debeexpedirse sobre un expediente que tiene 5.000 fojas en elcuerpo principal y otras 5.000 en los anexos. "Es más grandeque todo el expediente de la AMIA porque la DGI ha presentadocomo 127 denuncias contra Samid". Esto es de imposibleresolución como quiere la AFIP, se razona en ese juzgado porqueprimero deben fundarse las acusaciones y comprobar lasirregularidades para poder establecer si existe asociaciónilícita, si solo es evasión impositiva o previsional y si elcaso debe ser juzgado por la actual o la anterior ley penaltributaria que es mucho más benigna.
Ese encuadre lo van a determinar los períodos fiscales en losque se habría evadido pero tampoco -sostiene Liporace- la DGIlos presentó. Para Liporaci, el federal, la cuestión es mássimple: se recuesta en la decisión de los camaristas deapartarlo de la causa por considerar que no existíadefraudación al Estado, sino simplemente evasión. Por lo tantomal podría meter preso a Samid.
Pero la irritación de los letrados de Silvani no se agota enestos dos jueces. El fiscal del oro, Miguel Ángel Osorio -rápidamente pasó de mantener bajo perfil a salir en diarioscon declaraciones rimbombantes, un cambio de estilo quese compadece con otros de arraigo ideológico- está acusado dedistorsionar la verdadera naturaleza tributaria de esta causaque investiga las relaciones de Casa Piana, Banco Quilmes y lapropia DGI: sostienen que el fiscal se equivoca cuando mantienesu criterio de que el la gravabilidad del IVA al oro se cambiacuando se modifica el destino final de las exportaciones pesea estar claramente especificado en la ley.
Para estos expertos impositivos atribuir las responsabilidadesde los reintegros de la DGI es favorecer las intenciones delbanco Quilmes de evitar la ejecución de las garantías por $ 17millones que le impuso el ex director general de ese organismo,Ricardo Cossio cuando se le incautaron comprobantes demanufacturas que no correspondían a la realidad económica. Siel fiscal al que vinculan con el diputado del PJ, Mario DasNeves y al ex jefe de los Intocables de la DGI, José MariaPeña, logra procesar a los funcionarios de la DGI, el Estadodebería devolverle esos $ 17 millones al Quilmes. Por unaresolución de Carlos Tacchi los créditos fiscales reclamados debían ser transferidos al exportador en solo 3 días. Ello, obviamente, impedía controlesserios.