Los jueces Miguel Pons, Gerardo Larrembebere y Guillermo Gordo anularon buena parte de la investigación que llevó adelante el juez federal Juan José Galeano y absolvieron a los 22 acusados, incluidos los cinco detenidos que estaban acusados de ser partícipes necesarios del ataque y que por esa acusación se encontraban presos desde hacía casi diez años.
El reducidor de autos Carlos Telleldín y los ex policías Juan José Ribelli, Raúl Ibarra, Mario Bareiro y Anastacio Irineo Leal ya no tienen ninguna vinculación con el caso AMIA y los dos últimos, incluso, recuperaron su libertad tras la lectura del veredicto. Telleldín, Ribelli e Ibarra permanecerán detenidos por tener otros procesos en trámite.
A través de un comunicado de prensa difundido por el mismo tribunal para fundamentar los 44 puntos de su resolución se criticó al juez Juan José Galeano porque "orientó su actuación a construir una hipótesis incriminatoria pretendiendo atender las demandas de la sociedad y a la vez, satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos".
Pero el llamado de atención de los jueces no se agotó en cuestionamientos verbales sino que también realizaron una denuncia penal contra el juez y sus secretarios y los fiscales de instrucción Eamon Mullen y José Barbaccia, al tiempo que decidieron enviar una copia de la sentencia al Consejo de la Magistratura y la Procuración General de la Nación para que sea incorporada a los pedidos de juicio político que pesan sobre los funcionarios judiciales.
Los miembros del tribunal difundieron las principales líneas de los fundamentos del fallo y explicaron que a su criterio Telleldín "entregó" la trafic que voló la AMIA "a una persona cuya identidad no se pudo establecer sin que exista evidencia alguna de que conocía el destino que habría de dársele".
Con respecto a la responsabilidad de los ex policías, el tribunal precisó que "no se demostró en modo alguno que el vehículo utilizado como coche bomba hubiera pasado por sus manos el 10 de julio de 1994 ni en ninguna otra oportunidad" en contraposición a la acusación oficial que sostenía que ellos se habían llevado la trafic de la casa de Telleldín para luego entregársela a los terroristas que volaron la AMIA.
Buena parte del veredicto fue destinado también para cuestionar la actitud del poder político respecto de la causa AMIA y se ordenó investigar penalmente al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y al ex ministro del Interior Carlos Corach por "los pormenores que precedieron la indagatoria" de Telleldín y el pago de 400 mil dólares previo a su acusación de los policías.
"Después de producido el atentado, el poder político, funcionarios nacionales y de la provincia de Buenos Aires oscilaron entre una indebida intromisión en el trámite del proceso, la indiferencia y la falta de compromiso en defensa de la verdad y la Justicia", precisó el tribunal.
En su resolución, los jueces también pidieron que se investigue por presunto encubrimiento a los ex integrantes de la comisión Bicameral de Seguimiento del Atentado: Carlos Soria, Raúl Galván, José Antonio Romero Feris, Carlos Alvarez, Federico Storani, César Arias y Melchor Cruchaga quienes “pese a haber conocido de modo directo una incaptable negociación entre el juez y uno de los imputados omitieron cuestionar dicho proceder".
Con esta resolución concluyó el juicio mas largo de la historia argentina que duró casi tres años y por el que desfilaron 1.284 testigos en un total de 342 audiencias.
Al terminar la última jornada sólo ser vieron lágrimas en los ojos del público: los familiares de los policías lloraban de emoción y festejaban la absolución de los acusados que permanecieron casi una década privados de su libertad. Los pocos familiares de las víctimas que presenciaron el veredicto, en cambio, lloraban de rabia e impotencia porque todo lo que habían logrado se les “fue de las manos”.
"¿Cómo construimos una casa para la justicia si no tenemos los cimientos? La impunidad le puso un dedo y la casa se cayó", señaló Sofia Guterman, mientras que Diana Malamud expresó su desazón porque ya no hay "nada para aportar" en la causa.
Los acusados y sus familiares –en cambio- estaban exultantes porque "se acabó el negocio y la mentira" y porque estimaron que a partir de este fallo “empieza una nueva justicia en la Argentina, con un tribunal que no se comprometió con el poder político".