La denuncia contra Pou había sido formulada por los diputados de la Alianza Jorge Rivas y Alfredo Bravo, y en primera instancia el funcionario fue sobreseído por el juez federal Carlos Liporaci, a quien ahora la Cámara le ordenó continuar investigando al funcionario por su presunta responsabilidad en los delitos de defraudación y violación de los deberes de funcionario público.
Los denunciantes acusaron a Pou de no haber cumplido con lo que establece la Ley 24.452 que dispone que ante el rechazo de cheques se deben aplicar multas de entre el 2 y el 4 por ciento del valor de los mismos a las entidades bancarias y a los titulares de las cuentas corrientes. Las cifras estimadas del perjuicio se establecieron en base a que desde mayo de 1995 a diciembre de 1998 el total de cheques rechazados y de personas inhabilitadas ascienden a los 6.043.229.
De acuerdo a la mencionada norma y su modificatoria 24.760 los fondos recaudados por el BCRA. en ese concepto deberían ser transferidos en forma automática al Instituto Nacional de Seguridad Social Para Jubilados y Pensionados, para el financiamiento de programas de atención integral para las personas con discapacidad.
Rivas y Bravo denunciaron oportunamente que el BCRA no cumplió con su función de controlar y sancionar en caso de "incumplimiento la falta de percepción de los fondos que deben recaudarse".
Ahora, y ante un recurso de apelación interpuesto por el fiscal federal Patricio Bernardo Evers, la Sala Segunda de la Cámara, integrada por Martín Irurzun, Eduardo Luraschi y Horacio Cattani resolvió revocar la decisión de Liporaci, por considerar "prematura” la resolución de sobreseer al funcionario, a la vez que dispuso "continuar con las investigaciones mediante la realización de diligencias con el fin de corroborar la información que a lo largo del sumario presentara el imputado, que tienda, asimismo, a aclarar las cifras y sus consecuentes cálculos que se han efectuado en autos".