La medida se tomó en base a unas 70 denuncias que presentaron distintos particulares en donde evidenciaron que en las oficinas de correos de los distintos municipios se carecían de formularios que estuvieran escritos en el idioma que se habla en esa zona.
Según determinaron las inspecciones realizadas muchas oficinas de Correos disponían de carteles señalizadores y rótulos informativos escritos sólo en castellano, cuando la Ley de Política Lingüística obliga a que estos estén, al menos, en catalán.
Además, se detectó que muchos de los formularios, folletos, impresos, resguardos y facturas no estaban redactadas en catalán, a pesar de que había documentos a disposición del público escritos en castellano y francés.