Si bien la creación de esa unidad fiscal se barajaba desde hace varios meses su formalización se aceleró desde que el 2 de septiembre último el Tribunal Oral Federal nº 3 absolvió a los principales acusados por el ataque a la mutual judía y denunció gravísimas irregularidades cometidas durante la investigación.
De hecho, en la resolución se hizo mención al pronunciamiento y se destacó que el tribunal “resolvió entre otras cuestiones formular denuncias penales contra distintos funcionarios nacionales de los tres poderes, así como también contra particulares a raíz de los diversos episodios tendientes a desviar o entorpecer la investigación de ese hecho”.
El Procurador recordó que el tribunal dejó asentado al adelantar sus fundamentos, que Galeano “se apartó de la búsqueda de la verdad real incurriendo en comportamientos contrarios al ordenamiento legal, proceder en el que colaboraron ya sea por acción y omisión distintos organismos de los tres poderes del Estado otorgándole sostén político o encubriendo su actuación irregular e ilegal”.
“En tales condiciones deviene imperativo adoptar sin dilación todas las medidas que sean necesarias para que se profundicen las investigaciones en aquellas causas penales actualmente en trámite o de aquellas que puedan formarse en el futuro de las cuales puede derivarse la producción de prueba que permita individualizar a los responsables del atentado ya sea como autores, cómplices o encubridores” sostiene la resolución de la Procuración.
El magistrado del Ministerio Público fundamentó su decisión en que “corresponde adoptar aquellas medidas tendientes a posibilitar un mejor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles y favorecer así la defensa de los intereses por los que este organismo debe velar habida cuenta además de la complejidad y trascendencia publica que los hechos investigados han producido una profunda conmoción tanto en nuestra comunidad como a nivel internacional”.
“Estimo conveniente conformar un grupo de fiscales para que actúen de manera conjunta o alternativa con el titular de la fiscalía federal nº 9 Guillermo Marijuan y con los magistrados a cargo de la restantes fiscalías en la tramitación de todas aquellas causas actuales en trámite o que se originen en el fututo relacionadas con el esclarecimiento del atentado da la AMIA incluyendo aquellas destinadas a verificar hipótesis de encubrimiento u obstaculización de la acción de la Justicia”, precisó el escrito.
En la resolución se aclaró que la Secretaría General de la Procuración ya empezó con las gestiones para conseguir los fondos necesarios para afrontar “la importante asignación de recursos humanos y materiales que demandará esta tarea” y se solicitó al Poder Ejecutivo que preste la “colaboración necesaria para que se adopten las medidas de orden económico financiero sin la cuales éste cometido no podrá llevarse a cabo”.
* el texto acompañado se encuentra en formato “.tif”