Dicha mancha sigue extendiéndose cada vez más, lo que constituye un foco directo y constante de contaminación. Este conflicto ecológico, claro está, no perjudica solamente a los vecinos de Berazategui sino también a vecinos de otras localidades aledañas.
La planta, según el contrato original, debía estar en funcionamiento en 1998, pero un año antes, la entonces secretaria de Medio Ambiente, Maria Julia Alzogaray, dispuso prorrogarla para 2018. En agosto de 2000, la municipalidad de Berazategui demandó a Aguas Argentinas para que cumpla con las obligaciones asumidas y ordene la reparación de los daños causados hasta ese momento. El monto total de la reparación reclamada ascendería a una suma estimada en 300 millones de pesos, lo que comprende, obviamente, las obras postergadas.
El 8 de septiembre de 2003, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en autos “Municipalidad de Berazategui c/Aguas Argentinas SA s/ordinario” (que en texto adjunto se acompaña) hizo lugar a la medida cautelar planteada por el municipio y ordenó a Aguas Argentinas que, en un plazo de 18 meses, realice las obras de construcción y puesta en marcha de la planta depuradora, como así también de limpieza y prolongación del actual emisario cloacal existente en dicha localidad.
Asimismo, en el fallo se ordenó que tanto Aguas Argentinas como el Estado Nacional deberán presentar mensualmente ante el a quo un informe sobre el avance de tales obras a fin de lograr el efectivo cumplimiento de la medida cautelar dictada. Sin embargo, la empresa recurrió en queja a la Corte Suprema. A raíz de esa decisión, el máximo tribunal deberá dirimir ahora este conflicto.