D) COMPLICACION

Para el gobierno, también lo es, la discusión en la Justicia sobre la competencia para juzgar a los ex militares acusados de secuestrar a los hijos de detenidos desaparecidos que nacieron en centros clandestinos de detención durante el Proceso Militar. El dictamen del fiscal de la Casación Penal, Pedro Narvaiz que abrió el camino para la competencia del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas puso al rojo vivo una discusión que ya se había iniciado cuando el juez federal de San Isidro, Roberto Marquevich detuvo al ex general Jorge Rafael Videla por los secuestros ocurridos en el Hospital Militar de Campo de Mayo, oponiéndose la fiscal de San Isidro y el ahora nuevamente fiscal de cámara Luis Cevasco. El caso llegará a la Corte pero complica al gobierno en sus relaciones con los organismos de Derechos Humanos y sus aliados del Frepaso que controlan esa cartera dentro del ministerio de Justicia a través de Diana Conti. Es que al revés de lo que dijeron algunos medios responsabilizando al juez federal Gustavo Literas por la demora en contestarle a su par español Baltazar Garzón, la tardanza fue una decisión de la Cancillería y nadie duda de la lealtad de Adalberto Rodriguez Giavarini con el presidente. Literas ni siquiera abrió una causa porque no tiene un solo papel formal del pedido de extradición que anunció Garzón, quien sin embargo se dio tiempo para ir a saludar a Austria al ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra.

hugo morales / dju