Sin embargo, nueve meses después, el cuerpo – por cinco votos contra cuatro- dio marcha atrás con esa decisión. La nueva resolución emitida el pasado 2 de septiembre con el número 626 suspende la Nº 772/03 dictada anteriormente por el cuerpo y, a diferencia de ésta, sí lleva las firmas de los representantes de los jueces Carla Cavalieri, Germán Garavano y Carlos Balbín, que se sumaron al cuerpo el 6 de mayo de este año.
El fundamento utilizado para dar marcha atrás con lo resuelto anteriormente es que se encuentra en trámite el proyecto de ley Nº 164/02 que ya fue aprobado por la Honorable Cámara de Senadores e ingresó a la Honorable Cámara de Diputados con fecha 29/04/2004 bajo el Nº 40/04. Dicho proyecto modifica la ley de impuesto a las ganancias y obliga a los magistrados y funcionarios judiciales, tanto del ámbito nacional, como provincial y local, a pagar ganancias.
Según puede leerse en la resolución recientemente aprobada, “la existencia del proyecto de ley cambia ostensiblemente el marco de situación que dio origen al dictado de la Resolución Nº 772/CM/2003, toda vez que prevé específicamente la situación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la forma en que dicho impuesto se instrumentará y a partir de qué momento se aplicará a los magistrados”.
Teniendo en cuenta este proyecto, que se encuentra virtualmente “paralizado” actualmente en la Comisión de Presupuesto de la cámara baja, “resulta conveniente que este Consejo disponga la creación de una Comisión que tenga como finalidad específica el estudio de dicho tema”, según el artículo 2 de la controvertida resolución.
Entre los argumentos volcados en el Acta Pública Nº 54/04 del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires se destaca que hasta tanto no exista una norma federal que establezca la obligación de tributar el impuesto a las ganancias, la vigencia de dicha resolución “creó una situación desigualitaria de los magistrados locales respecto de sus pares federales, provinciales e incluso de los miembros del Tribunal Superior de la Ciudad. Ello así pues los magistrados de la Ciudad resultarían los únicos obligados a abonar el impuesto a las ganancias recibiendo de esta forma un trato tributario distinto al resto de los jueces del país”.
DiarioJudicial.com ya había informado, meses atrás, que la resolución no se estaba aplicando salvo algunas excepciones. Cabe recordar, además, que la resolución de 2003 provocó una catarata de amparos presentados por distintos magistrados, con resultados dispares para los magistrados.
En esta oportunidad, a pesar de los reiterados intentos de este medio de comunicarse con las autoridades del Consejo, las mismas prefirieron mantenerse en silencio al respecto de éste tema.
Para el director ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano, Carlos March, "la resolución 626 es un atentando a la Justicia. Concentra el absurdo jurídico de fundar una resolución en un proyecto de ley, el claro conflicto de intereses en el que incurren dos de los jueces firmantes y la violación del principio de publicidad de los actos de gobierno, sin contar la malversación intelectual que se hace del concepto de intangibilidad de las remuneraciones. Los miembros que firmaron esa resolución deberían saber que el límite de la creatividad jurídica es la ilegalidad".
Además de los tres representantes de los jueces, la resolución lleva la firma de los abogados elegidos por la Legislatura porteña Juan Sebastián Destéfano y Carlos Rosenfeld (actual presidente del Consejo). Por la disidencia votaron María Celia Marsili, Diego May Zubiría y María Magdalena Iráizoz, así como la abogada Bettina Paula Castorino, representante de la Legislatura.