Los promotores de la iniciativa, señalaron que no es una medida contra el Poder Judicial como institución sino una protesta para que se mejore la forma de acceder a la judicatura mediante concursos. Desde el gobierno, el ministro Edmundo Jiménez, respondió que no encuentran fundamentos serios en contra del sistema de selección de jueces implementado por el Poder Ejecutivo, y consideró que los detractores se quedan en adjetivaciones y expresiones sin ninguna razón. "Muchos hablan de amiguismo y de politización, pero nuestro sistema es todo lo contrario: cuanto más participen todos, menos amiguismo y menos posibilidades de politización (en las postulaciones) habrá", sostuvo el funcionario.
Además, Jiménez dijo que desde el Poder Ejecutivo se aspira a la transparencia y que le dan una oportunidad a la ciudadanía para que opine sobre los candidatos. El decreto Nº24/1, del 22 de diciembre de 2003 determina que “el Poder Ejecutivo ha creído necesario extremar la transparencia en la selección de los candidatos y a ese fin contar con la participación de toda la ciudadanía, para lo cual se implementará un procedimiento en el que cada uno de los seleccionados sea puesto a consideración de toda la comunidad, de manera que cualquier persona, colegio y/o asociación con interés pudiera expresar su opinión al respecto”. Para ello, “se estima conveniente adoptar un mecanismo similar al implementado en el orden nacional para la selección de vocales de la Exma. Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
No obstante, los letrados creen que debe restablecerse el Consejo Asesor de la Magistratura (el Colegio de Abogados formaba parte de él) y que, cada vez que se produzca una vacante en la Justicia, debe celebrarse concursos de postulantes. “Sólo así se respetará la Constitución nacional, que dispone que la idoneidad es la condición para el acceso a un cargo público y que todos los habitantes tienen derecho a ser tratados en paridad de condiciones”, manifestaron.