El conflicto judicial se originó a raíz de un amparo del Consejo Superior de Colegios de Abogados provincial –que representa a los cinco colegios locales- luego que el gobernador de la provincia, Ricardo Colombi, firmara los decretos de designación de tres jueces cuyos pliegos habían sido aprobados por el Senado provincial, y los remitiera al máximo tribunal local para que tomara juramento.
La entidad expresó que la selección de los profesionales designados no se adecuó al régimen de designación previsto por la ley 5.123 que regula el funcionamiento y proceso de selección del Consejo de la Magistratura, órgano con facultades naturales al respecto. Incluso señalaron que la aprobación en senadores fue realizada a pesar de una medida cautelar que impedía tratar los pliegos remitidos por el gobernador.
A partir del fallo de la Corte de Justicia local se refuerza el sistema a través del cual las vacantes judiciales que ocurran deberán ser cubiertos de acuerdo a la Ley 5.123, que estatuye el procedimiento para la designación de magistrados.
Las presentaciones del Consejo que nuclea los distintos Colegios de Abogados había recibido el aval de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, quien había intervenido ya en otro enfrentamiento entre ambos poderes, Ejecutivo y Judicial, en su intento por lograr transparencia a la hora del nombramiento de los jueces.