Mediante la Acordada Nº18.673, los jueces del máximo tribunal provincial propusieron “crear y pagar un adicional en porcentaje a definir a todos los magistrados, reclamantes o no” y “desistir de los procesos judiciales o procedimientos administrativos en trámite con la imposición de costas en el orden causado”. Si los jueces aceptan la propuesta deberían deponer sus aspiraciones de indexarse los sueldos y fijar un sistema de ajuste que no incluya la indexación por inflación.
La propuesta, firmada por Alejandro Pérez Hualde, Aída Kemelmajer, Jorge Nanclares, Pedro Llorente y Carlos Böhm, tuvo buena acogida en el Gobierno. Tanto la Corte como el Gobierno coinciden en que el régimen de indexación debe ser cambiado por el de la productividad. Aunque no está escrito en la Acordada, trascendió que el aumento debería rondar entre el 20 y el 40 por ciento para todos los jueces.
“Consideramos que resulta institucionalmente inconveniente que un tema que el artículo 122 de la Constitución Nacional reserva a las provincias sea resuelto por autoridades extrañas a la provincia de Mendoza”, señalan los magistrados entre las razones propuestas para proponer esta nueva alternativa.
Además, la Corte menciona en la Acordada que la situación judicial a la que se ha llegado se debe a que la “actitud de las partes, extrema, radicalizada y consecuentemente errónea, ha impedido la solución del conflicto”. Por ello, recomendó que se invite a la Federación Argentina de Colegios de Abogados, si las partes en litigio lo consienten, para que actúe como mediador; a la Asociación de Magistrados de la Provincia; y a todas las organizaciones vinculadas a la función judicial.
El gobernador de Mendoza, Julio Cobos, valoró la propuesta de la Corte. En el Ejecutivo provincial saben que si no logran una conciliación con los 135 jueces reclamantes será la Corte Suprema de la Nación la que dirima el conflicto. De hecho, el máximo tribunal nacional ya recibió el expediente caratulado
“Staib, Alberto y otros c/ Provincia de Mendoza” donde tramita el reclamo salarial de actualización monetaria de diversos magistrados provinciales.
Mientras tanto, el gobernador aguarda una decisión favorable del tribunal de conjueces sobre el levantamiento del embargo de 11 millones de pesos que trabó el conjuez Luis Cuervo para pagar la retroactividad de los 135 jueces amparistas. Los 11 millones serían destinados a la retroactividad reclamada más los intereses y las costas judiciales calculadas. Se estima que cada uno de los beneficiarios de la resolución llegará a cobrar en concepto de retroactividad cerca de 50 mil pesos.
dju / dju
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.