21 de Noviembre de 2024
Edición 7096 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 22/11/2024

Caso Koner Salgado: Mas vale tarde que nunca

Una de las mayores causas judiciales seguidas por defraudación al Estado Argentino, la causa Koner-Salgado se encamina hacia una sentencia luego de 16 años desde que la Dirección General Impositiva, acusara de estafas al entonces poderoso grupo económico por sumas cercanas a los 200 millones dólares.

 
Las actuaciones comenzaron el 22 de agosto de 1988, por una denuncia de la DGI (actual querellante) a partir de la cual se investigó la posible comisión de delitos relacionados con la estafa. Actualmente las defensas se encuentran respondiendo las acusaciones que formuló la fiscalía a cargo de Sergio Delgado y del ex fiscal Eduardo Freiler (designado juez federal), contra los miembros del grupo.

Las maniobras fueron investigadas inicialmente por el juez federal Miguel del Castillo, y consistieron en supuestas creaciones ficticias de créditos fiscales en no menos de 240 oportunidades aprovechando las estructura impositiva y mecanismos técnicos del Impuesto al Valor Agregado, y de diversos regímenes de promoción fiscal y aduaneros.

Según determinó la investigación, se utilizaba como ardid cadenas de comercialización de diversos productos y maquinarias de distintos sectores de la actividad económica (maderas, electrónicas, metalúrgicas, fundición, minería y textil), todo ello realizado entre las diferentes sociedades, unas sesenta, que componían el denominado grupo Koner-Salgado, las cuales actuaban como cedentes de los créditos fiscales irregulares a diversos cesionarios de plaza, estimados en no menos de 100.

Al parecer las operaciones en principio no habrían existido o en muchos casos, los montos eran sobrevaluados y la creación de dichos créditos habrían producido como resultado un desapoderamiento al fisco en favor de las distintas empresas del grupo.

Esos créditos, en la mayoría de los casos, eran transferidos a diversos cesionarios o dedicados a la compra de conocidas empresas de plaza, con lo cual se habría logrado el ingreso de masas dinerarias, acciones societarias y otros bienes al grupo económico.

Asimismo, en la compleja causa, se investigó el apoderamiento en forma ardidosa, siempre dentro del mecanismo de los créditos fiscales, de empresas de real actividad económica, pero con graves crisis financiera habiendo sido en principio, uno de los medios principales para el logro de la creación de créditos fiscales.

Además, fue materia de la instrucción el supuesto actuar mancomunado de los integrantes del grupo conformando “prima facie” una asociación ilícita destinada al logro de manera indeterminada de diversas maniobras de creación de créditos fiscales y de apoderamiento de empresas, durante los años 1982 y 1988.

Para la justicia federal el empresario Héctor Salgado -que ya estuvo encarcelado por unos 7 años en este expediente y actualmente declarado rebelde- se habría desempeñado como jefe y organizador de la misma y junto a otros imputados habrían conformado la infraestructura empresarial y profesional en lo impositivo, jurídico y contable del grupo de sociedades investigado.

En la causa se encuentran también acusadas por el Ministerio Público y los querellantes, por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública en forma reiterada, en concurso real con asociación ilícita, Genesio Nari, Carlos Sánchez Galarce, Hugo Romero, Claudio Romero, Jorge Miguel, Rubén Serra, Daniel Castro, Juan Bettín, Oscar Vicent, Héctor Amoresano, Adolfo Abud y Jorge Bacaloni.

Desde la fiscalía informaron que una vez que las defensas contesten las acusaciones y luego de algunos trámites procesales menores, el actual magistrado del expediente, Jorge Ballestero, podría estar en condiciones de dictar sentencia luego de 16 años de investigaciones, en donde según las fuentes, abundaron las maniobras dilatorias por parte de los procesados.



leonardo scolpatti / dju
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