En la Cámara alta, más precisamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales, existen cuatro proyectos que podrían ser puestos a consideración de ese grupo de trabajo. Los autores de las iniciativas son la senadora por Santa Cruz -y presidenta de esa comisión- Cristina Fernández de Kirchner; el chaqueño Jorge Capitanich, el jujeño Guillermo Jenefes y la salteña Sonia Escudero, todos del bloque PJ. Según fuentes de esa comisión, el tema no sería tratado este martes en la reunión de comisión. El que sí será tratado es el proyecto de juicio por jurados. Vale recordar que, según fuentes del ministerio de Justicia y del bloque del PJ, el proyecto estaría aprobado ante de fin de año.
A fines de la semana pasada, algunos senadores le presentaron a funcionarios del Poder Ejecutivo un compilado de los proyectos en cuestión y dos variantes que servirían para solucionar el tema. La primera es en base a un proyecto de modificación del recurso extraordinario presentado por Jorge Vanossi, cuando se desempeñaba como ministro de Justicia del entonces presidente Eduardo Duhalde. Esta iniciativa difiere de las existentes en el Senado en dos cuestiones que son claves al momento de considerar el proyecto: el plazo para que la Corte se expida y los alcances de las materias sobre las que se podrá aplicar la figura. En el primer punto los proyectos oscilan entre los 10 y los 45 días para que la Corte se expida antes de que la causa vuelva a los tribunales inferiores, y en los alcances la mayoría de las iniciativas apuntan a definir como susceptibles de "per saltum" a "las cuestiones de interés público".
La otra variante es reflotar la redacción del artículo 195 bis del Código Procesal Civil de la Nación que formó parte de la legislación de emergencia para hacer frente a la avalancha de amparos presentados por el "corralito" financiero y que fue derogado por la ley 25.587. El texto establecía que "cuando se dicten medidas cautelares que en forma directa o indirecta afecten, obstaculicen, comprometan o perturben el desenvolvimiento de las actividades del Estado Nacional (...), podrá interponerse recurso de apelación directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La presentación del recurso tendrá por sí sola efecto suspensivo de la resolución dictada".
Desde el Poder Ejecutivo consideraron al "per saltum" como una buena herramienta, aunque se les advirtió a los senadores que no dejen "lagunas" en su redacción que puedan dar cabida a interpretaciones vagas o ambiguas. En ese sentido, los senadores coincidieron en la necesidad de diferenciarse del gobierno de Carlos Menem, que utilizó esta figura sin que estuviera reglamentada.
El tema del "per saltum" surgió la semana pasada en una reunión que mantuvo una docena de senadores peronistas con el ministro de Economía, Roberto Lavagna, para tratar la problemática de los amparos presentados en relación con la distribución de la Cuota Hilton.
Reducción de competencia
Por otra parte, la Cámara de Diputados buscará avanzar antes de finalizar el período legislativo en la sanción de un proyecto para reducir la competencia de la Corte Suprema de Justicia y agilizar la tarea que desarrolla el máximo tribunal, presidido por Enrique Petracchi. De esa manera, el máximo tribunal intervendría en las causas en que la Nación, directa o indirectamente, sea parte, si el valor disputado en último término, sin sus accesorios, alcanza a $ 2.100.000.
El proyecto -consensuado por los diputados de varios bloques parlamentarios- busca evitar que la Corte se ocupe de un elevado número de causas, tal como ocurre actualmente. La iniciativa recibió la semana pasada dictamen de la Comisión de Legislación Penal. Para su confección se utilizaron varios proyectos presentados en la cámara baja, aunque la iniciativa recoge principalmente el texto planteado propuesto por la diputada del ARI Marcela Rodríguez.
El proyecto establece que el máximo tribunal intervendrá en las causas en que la Nación, directa o indirectamente, sea parte, cuando el valor disputado en último término, sin sus accesorios, alcance 2.100.000 pesos. Además elimina de la competencia ordinaria de la Corte la materia previsional, la cual había sido incorporada por una ley dictada durante el gobierno de Carlos Menem, y otros recursos ordinarios de apelación.
Además, el texto obliga al presidente del máximo tribunal a informar -en la primera sesión pública de cada año del Consejo de la Magistratura- sobre la cantidad total de recursos pendientes presentados en virtud de las disposiciones derogadas por esta ley, y la cantidad de recursos resueltos durante el último año.
De acuerdo con estimaciones del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con las modificaciones propuestas en los proyectos legislativos, la Corte podría reducir sus expedientes en más de un 60 por ciento, con lo que podrá abocarse con mayor rigor a las cuestiones de su estricta naturaleza: la de ser contralor de los asuntos constitucionales.
Entre otras cuestiones, el proyecto destaca que, en estos casos, la intervención ordinaria de la Corte "no sólo no garantiza una mayor protección de los justiciables sino que, por el contrario, los obliga a padecer un largo trámite, administrativo y judicial". El texto final fue elaborado en forma conjunta por diferentes entidades y organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales se encuentran el Colegio Público de Abogados, Argenjus, la Asociación por los Derechos Civiles, Fores, Asociación Conciencia, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, entre otras.
En sus fundamentos, Marcela Rodríguez hizo referencia a la "enorme" cantidad de causas que se tramita ante el tribunal y advirtió que "el nivel excesivo e injustificado de trabajo redunda en un mal funcionamiento y en una escasa capacidad de decisión sobre temas de trascendencia institucional".