Según el artículo 64 de la ley de Migraciones, los extranjeros que tengan una condena firme de más de tres años pueden solicitar a los jueces su expulsión del país y la extinción de la pena luego de cumplir la mitad de la condena. Desde la Dirección Nacional de Migraciones explicaron que algunos jueces del interior otorgan este beneficio, pero de los tres juzgados de Ejecución Penal de la Capital Federal, sólo el Nº3 hace lugar a esta clase de pedidos. El juzgado Nº2 está vacante y el Nº1 no lo otorga.
Asimismo, fuentes de esa repartición, que depende del Ministerio del Interior, explicaron que la reglamentación que necesita el artículo 64 para ser aplicado es “mínima”. No obstante ello, las mismas fuentes destacaron que “la Dirección está haciendo las consultas necesarias a distintos organismo del Estado para terminar de redactar la reglamentación”.
Sin embargo, desde el Ministerio de Justicia resaltaron la gravedad de la situación y la necesidad de que la ley se reglamente. En la cárcel de Misiones, de los 177 internos, unos 22 presos están en esa situación. En caso que la ley fuera aplicada, se liberarían nuevas plazas en distintos establecimientos del país. La decisión del ministro Horacio Rosatti de avanzar en este tema, posibilitó, por ejemplo, que la población de la cárcel de Devoto se reduzca de 2400 a 2000 presos en los últimos meses.
Más allá de esta situación, el Ministerio sigue impulsando el trabajo en las cárceles de todo el país. Los avances en la materia son significativos. Actualmente, todas las cárceles producen algún producto. La gama de ofertas es muy variada. Desde Marcos Paz, por ejemplo, llegaron los muebles recientemente instalados en el Consejo de la magistratura de la nación. Pero también se confeccionan dulces, uniformes y calzado. Los presos que trabajan en las cárceles -es una tarea voluntaria- reciben a cambio un sueldo y una capacitación indispensable para su futuro personal.