Diario Judicial: Con respecto al proyecto del juicio por jurados, ¿hay libertad para que cada provincia aplique cualquiera de los dos sistemas? (mixto o popular)
Horacio Rosatti: Hay que ver como sale la ley. Es probable que la solución a éste tema surja del texto de la ley y que no haya materia interpretable. Si hubiera materia interpretable, habría que manejarse con mucha sensatez y tomar en cuenta que estamos procurando difundir un sistema en el marco de provincias que, en algunos casos, ya lo tienen implementado. Hay que buscar un punto de equilibrio, conversar mucho, buscar líneas de consenso y aprovechar la propia experiencia que cada provincia tenga. Sería un error imperdonable, por cuestiones de implementación, cometer algún tipo de torpeza que pudiera malograr una idea tan importante como la del juicio por jurados.
Dju: Aquellos que no ven con buenos ojos el sistema, mencionan el presupuesto, la seguridad de los jurados y la influencia sobre los ciudadanos. ¿Cuál es su opinión sobre esto?
HR: No es un sistema costoso. Con relación a la influencia, no se desde dónde se emite ésta opinión. Se emite desde un lugar que yo no lo comprendo. Es como decir “doce personas van a ser influenciables, pero yo, que opino, no soy influenciable”. Si pueden ser influenciables doce, pueden ser influenciables uno o tres. Así que esto no lo comparto. Es lo mismo cuando se dice que “el pueblo no está preparado, y normalmente quien dice esto se excluye de la expresión “pueblo”. La comunidad está preparada, simplemente se necesita difusión, experiencias y simulaciones como ya se han hecho y se van a hacer.
Dju: ¿Los jueces están en condiciones similares?
HR: Ontológicamente sí. Un ser humano es igual a otro ser humano. Presiones pueden existir, pero así como un juez se planta frente a un caso con autonomía, tengo que pensar que doce personas se van a plantar con autonomía.
Dju: Con respecto al trabajo en las cárceles, ¿cuál es el objetivo del Ministerio?
HR: En primer lugar, nuestro objetivo es lograr que una persona que está temporalmente privada de su libertad tenga elementos suficientes para reinsertarse en la comunidad y no buscar el camino más corto, que suele ser el del delito, para ganarse la vida. La experiencia de asumir una tarea productiva le da una herramienta diferente, que puede cambiarle la vida, lo que está estadísticamente comprobado en otros países. Además, el trabajo no es solamente mercancía, es una tarea que permite a una persona desarrollarse. Me parece una actividad que está pensada en el desarrollo personal del propio recluso y en la seguridad de la sociedad.
Dju: ¿Esa no es una tarea de los patronatos?
HR: Sí, sí ….de todos modos tenemos que lograr lazos para permitir que lo que los internos desarrollan en la cárcel puedan manifestarlo una vez que salgan, es decir, darle oportunidades efectivas y concretas de trabajo. Estamos conversando con el mundo empresarial para que para una empresa pueda ser un signo distintivo de calidad asumir la obligación de contratar a quienes hoy están privados de su libertad pero que, en el corto plazo, van a dejar de estarlo. El Estado puede hacer mucho para establecer lazos entre el mercado y la capacidad de trabajo.
Dju: Usted anunció hace pocos días una serie de reformas al Código Penal. ¿Cuáles van a ser esas reformas?
HR: Advertí un percepción generalizada de especialistas, que yo comparto, que las sucesivas reformas al Código Penal, en distintos momentos históricos, han generado una cierta distorsión en la relación entre el bien jurídico protegido, y eventualmente vulnerado, y la asignación de la pena. Son muchas la voces que he escuchado que hay que volver a pensar, a partir de un homicidio simple, a partir de ese delito, hacer la escala con el resto de los bienes jurídicos. Cuando una norma ha sido modificada muchas veces, en distintos momentos, puede perder esa visión de conjunto. Y nos podemos encontrar con la sorpresa con que muchos valores, como la vida o la libertad, no tienen la misma protección que, por ejemplo, la propiedad. Esta tarea es imprescindible ahora y además va a decir mucho de lo que somos como sociedad y de lo que queremos privilegiar.
Dju: ¿Esto no implica aumentar ni bajar las penas?
HR: No necesariamente. En algunos casos se aumentaran y en otros se reducirán.
Dju: ¿Cuál es su opinión sobre la mediación penal?
HR: Es una línea de trabajo del área de mediación del Ministerio de Justicia. Esto no significa su implementación. Igualmente, es una muy buena idea. La hemos conversado en alguna ocasión con la Dra. Elena Highton, y vamos a intensificarla. Conceptualmente estoy de acuerdo. Habría que ver qué posibilidades de implementación tiene. Creo que la intervención preventiva es muy factible en el ámbito penal antes de llegar al proceso tradicional.
Dju: ¿Cómo sigue el proceso en el CIADI? ¿Usted va a seguir representando a la Argentina?
HR: La Argentina, más allá de las personas, ha fijado una posición muy clara y contundente de defensa de la jurisdicción nacional. Esto no significa desconocer los tratados bilaterales de inversión, significa que la aplicación que algunas cláusulas del tratado formulan algunos tribunales, en concreto algunos jurados, nos parece inconsistente y fuertemente inconveniente para el interés nacional.
La argentina fijó una línea en el caso CMS, en París, y creo que es una línea que hay que seguir y profundizar. Muchas empresas lo han asumido como una herramienta más dentro de un contexto de negociación, entonces se desvirtúa el proceso.
Además la formación de los árbitros y la conformación del propio régimen CIADI tiene un fuerte sesgo comercialista, que es muy poco propenso a asumir consideraciones tales como “crisis económica” o “modificación de patrones de medida del valor de la propia moneda”. El régimen está pensando para laudar en circunstancias de absoluta normalidad. Y hoy el CIADI debe laudar sobre cuestiones de una absoluta excepcionalidad. El CIADI no opera como un tribunal excepcional, residual, o de un caso especifico, sino que virtualmente puede poner en jaque toda la política de servicios públicos de la Argentina.
Dju: ¿Qué sucedería si hay un laudo desfavorable para nuestro país en el caso CMS?
HR: Yo tengo expectativa que ésto no ocurra. La renegociación es el único camino consistente. Sería muy penoso que pusieran a la Argentina en las vísperas de un default jurisdiccional. De todos modos, a ello se llegaría mediante laudos que estarían asumiendo una posición reñida con algunas cláusulas constitucionales, como el artículo 27, así que habría que hacer un análisis de constitucionalidad.
Dju: ¿Cuál es la importancia del Digesto Jurídico?
HR: El Digesto Jurídico, en un sistema legalista y normativista como el nuestro, va a cumplir una función importantísima, que es poner en claro qué es lo que está vigente. Se calcula que van a quedar unas 4200 o 4300 leyes, prácticamente una sexta parte de lo actual. Esto también es una forma de brindar seguridad jurídica. Muchas veces, la gente y los operadores del derecho no pueden conocer si la norma que están invocando está efectivamente vigente o no.
Dju: ¿Cuándo habría alguna novedad al respecto?
HR: Nosotros pensamos que el trabajo teórico debe estar terminado en julio de 2005. El trabajo está clasificado en función de las ramas del derecho. Las normas son identificadas por letra y por número: la letra indica la especialidad y el número el orden cronológico pertinente. Esto debiera ser ratificado por el Congreso, virtualmente a libro cerrado. Ojalá pudiéramos tener la tarea culminada sobre mediados del año que viene y remitir al Congreso ésta resultante. Los plazos originarios son éstos, pero está la posibilidad de un año de prórroga más.
Dju: Teniendo en cuenta el día a día en los tribunales, ¿cómo se soluciona la falta de recursos, tanto humanos como técnicos que hay en muchos juzgados? Además, esto afecta la administración de justicia.
HR: Yo coincido con el diagnóstico, pero el Ministerio de Justicia, en función del diagrama constitucional de la reforma de 1994, tiene un campo de acción importante pero no definitorio en este punto. Puede impulsar, ayudar, instar, pero evidentemente entre la Corte Suprema y el Consejo son quienes definen el presupuesto y luego lo administran, y ese es el momento decisivo para que estas cuestiones vayan desapareciendo.
Por otro lado, es difícil predecir cuál va ser el volumen de trabajo judicial, porque una norma o una circunstancia económica puede significar una enorme inflación de casos. El aporte que podemos hacer para mejorar ésto es la designación de los magistrados, para evitar que haya juzgados sin titular, y esto recargue el trabajo de otros tribunales. En eso hemos mejorado mucho, hemos agilizado la designación de jueces en juzgados que estaban vacantes desde hace muchos años.
Dju: Respecto al funcionamiento de la Corte Suprema, ¿cuál es su opinión sobre la reducción de los miembros de la Corte y la reducción de sus facultades?
HR: Nosotros auspiciamos la modificación de las competencias de la Corte. La Corte es cabeza de poder, tiene que emitir pronunciamientos señeros, es el tribunal de las garantías constitucionales y, consecuentemente, el volumen de trabajo debe estar relacionado a estas causas. En ese sentido, un modelo interesante es la Corte norteamericana.
La Corte que se aboca a una gran cantidad de causas no puede estar generando la doctrina judicial normalmente esperada por todos. Por eso, la reducción de competencias es un proyecto importante. Yo celebro que ya tenga media sanción por parte de la Cámara de Diputados, y vamos a trabajar para que pueda tener la otra media sanción. Además, le pone un punto final a esta situación. Sino la reducción de competencias podría ser establecida por la propia Corte a través de las declaraciones de inconstitucionalidad de algunos recursos. Si tenemos una Corte integrada por juristas, cuya competencia está sumida en los términos que decimos, vamos por buen camino.
Dju: ¿Del tema del per saltum hay alguna novedad?
HR: Si estuviéramos en otro país, muy poca gente cuestionaría el per saltum. En la Argentina las experiencias que ha habido no han tenido buena prensa. No es por una cuestión de prensa, sino porque han surgido al calor de circunstancias muy específicas. También es cierto que muchos operadores del derecho, e incluso dentro del mercado económico mismo, muchas veces se pide uniformidad de criterios, y la uniformidad de criterios se puede lograr a través de un pronunciamiento que ponga fin al debate. Yo no lo veo como una cuestión prioritaria de la agenda de hoy, pero es un tema que amerita su debate y en algunos tema, de gravedad institucional y de paralización de servicios públicos, podría ameritarse su regulación.
Dju: ¿Cuál es su posición sobre el Jury de Enjuiciamiento? ¿Tiene que funcionar como un jurado ad hoc o debería seguir como hasta ahora?
HR: Habría que buscar un punto de equilibrio, un consenso, para que hubiera una relación sustentable entre la cantidad de causas y el funcionamiento. Ninguno de los dos extremos es bueno: empezar a manejar la maquinaria cuando ya tenemos un caso; ni tampoco tener una estructura, si es muy grande, para esperar que algún caso venga, y a lo mejor viene muy poco o ninguno. Yo confío en que se pueda trabajar para buscar un consenso en ésto. Después cuando hay acusaciones, todo el mundo quiere que se tramiten rápidamente, y cuando no las hay, nadie quiere tener un organismo que no tenga trabajo.
Dju: ¿Cuál es su opinión sobre el pago del impuesto a las ganancias y la presentación obligatoria de las declaraciones juradas por parte de los jueces?
HR: El principio del igualdad hace que el juez deba pagar el impuesto a las ganancias, pero esto no debe significar para el juez una detracción de su patrimonio que le impida trabajar con decoro. A partir de un nivel importante de remuneración, que es la que deben tener los jueces, siempre deberían pagar el impuesto a las ganancias. Conceptualmente somos todos iguales ante la ley. Hay que pagarlo, pero hay que asegurar que la retribución del juez sea razonable y decorosa.
Dju: ¿Y las declaraciones juradas?
HR: No solamente los jueces. Yo celebraría que todo funcionario público y muchos dirigentes de organizaciones intermedias lo presentaran, así estamos todos bajo la lupa, y que sean controladas de tanto en tanto.
Dju: ¿Qué está escribiendo en este momento?
HR: Ahora estoy en tres proyectos. Uno es actualizar el Tratado de derecho municipal, cuya segunda edición está agotada pero además el texto quedó un tanto desactualizado ya que muchas provincias reformaron sus constituciones. Para mediados del 2005 tendremos un nueva edición del Tratado. Para eso estoy trabajando con un grupo de colaboradores. Estamos también, junto a los ministros Bielsa y Lavagna, escribiendo algo sobre soberanía y globalización. La parte del ministro Bielsa está terminada y nosotros venimos un poco más atrasados. Y también estoy en una especie de novela histórica del momento en que se sancionó la Constitución, en 1853. Estoy recopilando cosas que se han dicho y que no han quedado escritas. Es muy poco lo que se ha escrito sobre qué pasó en Santa Fe en los días de la Convención Constituyente.
Dju: ¿Cuáles van a ser los objetivos principales en el 2005?
HR: Estamos armando la agenda del 2005 en proyectos de corto y mediano plazo junto a organismos públicos y organismos no gubernamentales. Le anticipo algunos: el análisis de consistencia del Código Penal; la federalización del delito de torturas; la revisión de la condena a perpetuidad para los menores, tema que está muy cuestionado; la implementación del juicio por jurados; la unificación de criterios procesales, sobre todo en materia penal, con los representantes de las provincias y la legislación sobre el lavado de dinero, sobre lo cual hay proyectos en ambas cámaras.
Dju: ¿Cuál es su balance personal, casi al final del año, al frente del Ministerio de Justicia?
HR: Me parece que sería muy jactancioso de mi parte asegurar una auto evaluación. Las evaluaciones en las que creo son las externas. Yo tenía un primer objetivo de cortísimo plazo que era reconciliar al Ministerio con otros poderes del Estado, con las ONGs y con la Corte Suprema. Eso se logró rápidamente. Y proponer un programa de mediano y largo plazo en el Servicio Penitenciario Argentino, y en eso estamos trabajando muy fuerte.