El dictamen aprobado por la Comisión, en base al de la consejera Chaya, recoge también los de consejeros Mario Gersenobitz, Miguel Angel Pichetto y Pablo Fernández quien reemplaza a Oscar Massei, quien ahora se desempeña en la Secretaria de Recursos Naturales y medio ambiente. Los tres consejeros, sin embargo, no están de acuerdo con enviar el caso del juez Corvalán de la Colina a la Comisión de Disciplina porque no habrían encontrado causal de sanción, según confiaron voceros del cuerpo a Diariojudicial.com.
En una reunión reservada del martes pasado se resolvió por unanimidad que no se encontraban causales para la acusación y por unanimidad se acordó desestimar el pedido. Pero había dos posturas; una desestimarlo directamente y la otra enviarlo a disciplina. Los asesores se reunieron para ver como congeniaban las dos posturas, y con el mandato de los consejeros decidieron que se mandara a disciplina pero que se unificaran las posturas en un sólo dictamen. Se desestima la acusación, y ahora va a disciplina para ver si hay sanción, y va al plenario. Fuentes cercanas al Consejo de la Magistratura adelantaron a Diariojudicial.com que posiblemente la Comisión de Disciplina va a fundamentar que “ya emitió dictamen y no encuentra causal de sanción” y se presume que la causa del juez Corvalán de la Colina podrá quedar archivada hasta nuevo aviso. La Comisión de Disciplina reconoció que la intervención de Corvalán de la Colina fue anterior a las resoluciones de segunda instancia a los fallos de Cámara y del Tribunal de Casación, antes que se completaran los pasos procesales para arribar a una sentencia firme y consentida, por eso –argumenta el dictamen de los consejeros—“sería oportuno que esta causa vuelva para ser tratada en el seno de la Comisión de Disciplina, dadas las expresiones vertidas por la Sala Tercera del Tribunal de Casación en los fallos de los días 21 de octubre y 10 de noviembre del año pasado, precedentemente citados y a fin que consideren las cuestiones de su competencia a la luz de las sentencias de alzada”.
Por ello el Consejo expresó “su honda preocupación y se lamenta por la demora en concluir con las investigaciones judiciales referidas a procesados cuyos derechos a una sentencia justa implica también una sentencia pronta, por la utilización de la justicia para dirimir conflictos que exceden lo jurídico, por el uso y abuso de los medios de comunicación para presionar sobre las causas y por la extralimitación del empleo del mecanismo del juicio político como herramienta para neutralizar resoluciones adversas”.