El representante del ministerio publico acusa a Di Tella por los delitos de "falsedad ideológica" de los cuatro decretos que autorizaron la venta de armas y municiones; por ocultamiento de pruebas y por "alterar las relaciones amistosas" con Perú, al venderle armamentos a Ecuador, con quien en ese momento se encontraba en guerra y Argentina era uno de los garantes de paz entre ambos países.
Stornelli le imputa el delito de falsedad ideológica de documento público respecto de la firma de los decretos 1697 y 2283 de 1991, que autorizaban la venta de armas a Panamá, un país que no tiene Fuerzas Armadas; el 1633, con destino a Bolivia, una frustrada operación que sirvió de punto de partida para las demás ventas irregulares, y el 103 también con destino irreal a Venezuela.
Esos decretos fueron firmados por otros miembros del gabinete del ex presidente Carlos Menem, quien, según reconocieron fuentes cercanas al juez Urso y al fiscal Stornelli también podría ser citado.
El ex canciller también fue imputado por ocultamiento de pruebas, ya que el fiscal considera probado que Di Tella no remitió a la Justicia los cables reservados por los cuales el ex embajador argentino en Perú Arturo Ossorio Arana advirtió en febrero de 1995 acerca del desvió de armas a Ecuador.
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