Vidal Lascano argumentó, en su momento, que la redistribución es conveniente “a fin de equilibrar la cantidad y calidad de la carga laboral correspondiente a cada Fiscalía, para lo cual es provechoso que cada distrito tenga una cantidad similar de Fiscalías de Instrucción, de Unidades Judiciales y de causas tramitadas”.
No obstante, todos los integrantes del Ministerio Público continuarán entendiendo en las causas anteriores al 1 de febrero de 2005, conforme al esquema que rige actualmente, de ocho distritos judiciales. Las nuevas causas, en tanto, se regirán por el nuevo esquema.
El reordenamiento del mapa judicial de Córdoba fue aprobado el año pasado luego de ser analizado en el marco de una comisión especial, convocada por el fiscal general de la provincia. La comisión, que estuvo integrada por 15 fiscales, analizó las estadísticas del trabajo de todas las fiscalías de las ciudades de Córdoba, Villa Carlos Paz, Alta Gracia, Río Segundo y Jesús María, antes de enviar el proyecto del nuevo sistema a la Legislatura.
Los fiscales se reunieron, además, con autoridades policiales y organismos e instituciones del ámbito de la seguridad y de la Justicia para completar un estudio de campo y proponer las reformas pertinentes.
El actual mapa judicial surgió de la ley 8000, sancionada en noviembre de 1990, durante la gestión de Eduardo Angeloz. La norma, de 35 artículos, dividió el territorio provincial en 10 circunscripciones, para descentralizar el servicio de Justicia y acercarlo a la comunidad. Sin embargo, planteó distorsiones apenas se puso en marcha. Sólo durante el primer año necesitó tres leyes consecutivas para reformar los límites, competencias e integraciones de esas regiones.