Mediante la resolución emitida por la Asociación se llama a la ”celebración de un nuevo juicio conforme a las reglas del debido proceso legal fuera de Miami”. Seguidamente, los juristas han solicitado que ”se respeten los derechos de los cinco cubanos encarcelados en los Estados Unidos y los de sus familiares a visitarlos”.
Gerardo Hernández Nordelo, Antonio Guerrero Rodríguez, Ramón Labañino Salazar, Fernando González Llort y René González Sehweret, fueron detenidos por el FBI el 12 de septiembre de 1998 en Miami. El proceso dio inicio el 27 de Noviembre del 2000.
Según la Asociación, ”se dictaron sentencias contrarias a principios consagrados universalmente como los de proporcionalidad y racionalidad de las resoluciones judiciales, a finales del 2001”, bajo los cargos de conspiración, conspiración para cometer espionaje, conspiración para cometer asesinato, agentes de un estado extranjero sin identificación y falsa identidad.
Asimismo, a lo largo del proceso, -uno de los más dilatados de la historia judicial de los Estados Unidos-, se conculcaron propias reglas de la Constitución norteamericana, de precedentes judiciales y del Derecho Internacional. Las apuntadas por los juristas fueron: la falta de un jurado imparcial, falta del debido proceso legal, condiciones de reclusión crueles e injustas, falta de relación entre la instrucción de la jueza y el veredicto del jurado.
Además, han verificado la existencia de una condena por conspiración para cometer asesinato sin evidencias, una condena por espionaje sin evidencias de peligro ó resultado dañoso alguno para Estados Unidos, violación del precedente judicial en relación con la doctrina del Acto de Estado y violación de la doctrina de la inmunidad soberana.
Precisaron que las autoridades norteamericanas han violado los más elementales derechos de los cinco cubanos encarcelados, incluyendo la dilación en el otorgamiento de visas a sus familiares, para efectuar las visitas a que tienen derecho por ley.
Incluso en el caso de las esposas de Gerardo Hernández y René González, es aún más arbitrario, al negarles la posibilidad de comunicación, impidiendo las visitas de ambas a las prisiones, así como la posibilidad de que Ivette, la pequeña hija de René González, pueda viajar en compañía de su madre, aún siendo ciudadana norteamericana, en violación de regulaciones internacionales como las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.
En estos momentos, el proceso se encuentra en fase de apelación ante el 11º Circuito de Atlanta, Georgia, impugnándose por la defensa, la sede escogida para el juicio y solicitándose la celebración de uno nuevo, fuera del ambiente hostil de la ciudad de Miami, con todas las garantías constitucionales y procesales.