Dju: Si se traslada la competencia a la justicia provincial, ¿se podrán agilizar las investigaciones en materia de drogas?
RS: Es un tema complejo. Por un lado, es cierto lo que afirman el Gobernador Solá y el Ministro Di Rocco sobre que la Justicia Federal ha quedado en deuda con los argentinos, porque no ha perseguido debidamente el tráfico "hormiga", prefiriendo los casos en que se detectó y secuestró gran cantidad de estupefaciente. Ellos parten de una base matemática, en lugar de 28 (el número actual de jueces federales en la Pcia. de Buenos Aires), la tarea la haremos 450 fiscales, junto a jueces y tribunales. En ese sentido parece que la expectativa sobre el problema irresuelto tiene más posibilidades de ser satisfecha eficientemente.Pero la cosa no es tan fácil, porque la justicia penal bonaerense -y especialmente los Departamentos judiciales grandes como La Plata, San Isidro, Mar del Plata, La Matanza, tienen hoy muchos problemas para funcionar. Cuando le agreguemos la droga como materia de persecución penal, en las condiciones actuales van a surgir problemas serios.
Dju: ¿Hará falta mayor infraestructura y mayor dotación de recursos humanos?
RS: Ese es el punto. Recientemente en Mar del Plata en el "Encuentro de Jueces y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, para modernas técnicas de gestión judicial" estuvieron el vocal de la Suprema Corte Pettigiani, el Ministro Di Rocco y la Procuradora María del Carmen Falbo. Yo fui informante final por La Plata, y actuamos conjuntamente con los fiscales de Quilmes. Les dimos "la derecha" en tratar de optimizar los recursos existentes al máximo, de todas las maneras posibles en lo humano y funcional, sobre la base de una informatización completa a breve plazo.
Pero no se habló de sumar la competencia de drogas a la tarea actual explícitamente, por lo que seguramente será necesario obtener para nosotros mejoras sustanciales y urgentes. Habrá muchísima más tarea y es un tema que la mayoría no maneja con fluidez. Si sumamos a eso que no hay jurisprudencia en el plano provincial como para unificar criterios operativos a corto plazo, el panorama se presenta complicado, lo que no significa decir imposible.
Dju: ¿Advierte resistencia por parte de los jueces federales a que la justicia provincial adquiera competencia en materia de estupefacientes?
RS: Es más que obvio, y eso tiene que ver históricamente con un concepto antiguo y arraigado en el fuero federal -al que pertenecí durante 11 años-, de que las justicias provinciales son de segunda categoría. Cuando allí se habla de la "justicia ordinaria" no es como quieren explicar que lo dicen para diferenciarla de aquella que denominan "de excepción", sino que es un término absolutamente peyorativo. Lo viví personalmente y con bronca, es así. Por otra parte, los consumidores para uso personal y los traficantes en pequeñas cantidades parece que no les han interesado demasiado. Igualmente, los legisladores nacionales están en deuda con las provincias porque en el debate parlamentario que debe completarse aún, tendrían que dar un fundamento público y concreto sobre por qué motivos no se nos considera aptos para seguir investigando también los casos de la ley de drogas donde se secuestre una cantidad muy importante. No cierra en el razonamiento ni de unos ni de los otros. Y no creo que sea cuestión de capacidades jurídicas.
Dju: ¿Qué vá a pasar en aquellos casos donde se detecte venta al menudeo, pero la investigación justifique llegar hacia los grandes distribuidores? ¿Pasará todo a la justicia federal?
RS: Usted advierte fácilmente que es absurdo que los magistrados provinciales no puedan intervenir en esos casos, porque los criterios de imposibilidad y de indiferencia que se aplican para darnos la competencia que se pretende otorgarnos, también es obvio que deben aplicarse en los casos más graves. Por eso le digo que no me parece claro el concepto diferencial. Es más, sostengo que no debe haberlo. Para mí, si el delito da para más, debe seguir interviniendo el fiscal bonaerense que inició las actuaciones. Nadie mejor que él para el conocimiento del procedimiento porque lo viene manejando desde el inicio. Pensar lo contrario es imposible porque no se precisan las causas de una diferenciación que parece indicar, una vez más, que las justicias que no son del fuero federal, son de "segunda categoría" y no están capacitadas para investigar los casos graves de drogas. Y me preocupa que queda "picando" esta sospecha hasta que el gobernador Solá o el Ministro Di Rocco no declaren públicamente una definición de por qué dejarle a la Nación los otros casos graves. Es deber de ambos jerarquizarnos y descuento que lo harán en breve.
Dju: ¿Cuál debe ser la diferencia a tener en cuenta para que un caso sea investigado por la justicia provincial y no por la federal. En cuanto a la tenencia para consumo personal, de cuántos gramos habrá que hablar? ¿Como se podrá precisar que es venta al menudeo y que es venta de "tipo" mayorista?
RS: Lo que usted se plantea, es materia de jurisprudencia y doctrina en el ámbito nacional desde la sanción de la Ley 20.771 que luego reemplazó la actual 23.737 en materia de drogas, y hasta hoy. Imagínese que en las provincias está todo por hacerse, todo por discutirse, las opiniones se dividirán y habrá que unificar criterios a través del Tribunal de Casación Penal y de la Suprema Corte. Pero pasará mucho tiempo para que eso se ordene, y mientras tanto cada maestrito pondrá en práctica "su librito". Deberemos trabajar mucho en el Ministerio Público para recibir instrucciones en esos casos, porque de lo contrario todo será muy dificultoso y cada fiscal, cada juez de garantías, cada tribunal oral, cada cámara de apelación, tendrán criterios diferentes ante situaciones similares. Se puede llegar a afectar la seguridad jurídica en ese sentido.
Las provincias iniciarán todas las investigaciones, y en algunos casos se detectará que es "venta o comercialización en gran escala", pero en la gran mayoría pienso que no será así. Entonces seguirán interviniendo hasta el final.
Hay que ver el problema de establecer un tope de gramos, según la droga que se trate. Ese umbral divisorio motivará miles de cuestiones de competencia entre esa provincia y la Justicia Nacional, porque ya sucedió en el fuero federal que nadie se pondrá de acuerdo en cómo mensurar las cantidades. Obviamente, dichas cuestiones abarrotarán el ámbito de la Justicia Nacional que es el terreno donde se deben dirimir, y mientras tanto habrá muchas personas detenidas, investigaciones en marcha, en fin, vea usted lo difícil que pinta la cosa.
Dju: ¿Qué otros problemas podrían plantearse?
RS: Yo recuerdo que en la Justicia Federal de La Plata pesábamos la droga secuestrada con balanzas que nos quedaban de secuestros anteriores, comunes, las de verdulería. Pero cuando se mandaba a los laboratorios químicos, allí se pesaba "en vacío" con sofisticados equipos, y entonces desde el vamos teníamos peligro los secretarios de que nos iniciaran sumario administrativo, porque la diferencia de peso entre el secuestro nuestro y lo que pesaban en el ámbito pericial era muchas veces muy amplio. Tuvimos problemas serios en ese sentido.
Lo propio nos sucedía cuando había que aplicar una acordada de la Cámara que nos imponía pesar, separadamente, continente y contenido. Es decir que al pesar un "raviol" de cocaína, por un lado debíamos pesar y discriminar el peso del papel glasé y por el otro el de la cocaína del interior. Igual debíamos hacer con los "porros" de marihuana. En síntesis, a veces la droga no pesaba nada.Y allí venía otra cuestión no menor, que era la de establecer "cuando la droga era cantidad, y cuando era meros vestigios". Porque los vestigios desincriminaban el delito. Tengo la impresión que todo ésto se viene para las provincias y es una "remake" de aquella película que ya ví. Espero equivocarme, pero.....
Quizás la solución definitiva sería que, como criterio divisor de competencias en la Ley de Estupefacientes, actúe hasta el final quién intervenga primero. Esto significa que si la policía federal o la bonaerense dan intervención a sus respectivas áreas judiciales, quedaría allí radicado el asunto. Sin criterios de división por cantidades ni por definiciones de "traficantes hormigas" o grandes traficantes se lograrían mejores resultados porque las policías, de cada ámbito , se esmerarían por realizar los procedimientos seguramente. Lo que se dice que se está haciendo no es nada práctico y complicará los trámites, con lo cual las pretensiones del Poder Ejecutivo bonaerense aparecen como inciertas de poder ser llevadas a cabo con eficacia. Y no porque el personal no ponga el cuerpo ni le falte capacidad, sino porque sencillamente, los criterios que se utilizan son dificultosos, no colaboran. Y todo, vuelvo a insistir, porque nadie nos ha dicho aún cuál es la razón para que se haga la división de competencia en semejantes términos.
Dju: ¿Cómo imagina usted un juicio oral en caso de venta al menudeo de estupefacientes?
RS: Como cualquier otro juicio oral y público; en cuanto a la técnica de juicios nada cambiará. Lo que veo distinto y complejo es que, durante el debate quedará al descubierto por qué motivo la policía o los instructores judiciales no determinaron quién es el proveedor grande de la droga. Porque si Usted investiga a alguien que la vende, también está en condiciones de hacerlo con quién se la provée a él. ¿Me entiende? Esto significa que en todos los casos, si se trabaja bien y se hace una inteligencia paciente y transparente, salta a la vista de donde viene la droga, y así tenemos al pez grande, y no a la sardina como suele suceder habitualmente.
Mire, recuerdo que cuando estaba en la Justicia Federal, traían en mis turnos investigaciones sobre muchachos que vendían droga en las plazas públicas de La Plata. Las armaban con fotografías tomadas con teleobjetivos, y en ellas se veía que venía un auto hasta el lugar y bajaba un sujeto que les dejaba el producto. ¿Por qué entonces no seguían investigando el auto y desde donde venía? Y eso sucedía muy a menudo, y cuando les decíamos que en esas condiciones no queríamos que dieran por terminada la pesquisa, salían a la calle a decir que no podía combatirse el narcotráfico porque desde los Juzgados no les recibíamos las causas. Así era hace 8 años atrás, me pregunto cómo será ahora que el problema de la droga en las calles ha crecido enormemente......Es una buena pregunta para que se la haga a los jueces federales, ¿no cree?
Dju: Entonces ¿Usted es optimista o pesimista con ésta nueva normativa sobre drogas que está en debate?
RS: Siempre, por naturaleza, soy optimista. Simplemente estoy preanunciando lo que puede suceder si la cosa sale como la pintan, nada más. No soy un gurú ni un vidente, simplemente mi experiencia de años en el tema me da un panorama para tratar de no repetir aquellos mismos problemas. Por otra parte, confío plenamente en que la dra. Falbo va a dotarnos de lo que necesitamos. Está muy preocupada en el problema de jerarquizarnos y de informatizarnos, para que las cosas salgan mejor. Y veo una mayor comunicación entre los distintos estamentos del Ministerio Público bonaerense para ponernos de acuerdo en como actuar, claro está, con las particularidades de cada departamento judicial. nEs vital que esto suceda, porque como le dije, a nivel jurisprudencial los criterios van a demorar mucho en ordenarse.