En la Declaración mencionada del 14 de octubre de 2004, surge que los legisladores declaran su solidaridad y exigieron el rápido esclarecimiento de la situación procesal de García, dueño del diario Crónica, al que calificaron de valuarte de la prensa independiente y defensor de la cultura popular.
Luego de ser elevadas las actuaciones a la Cámara del fuero, el juez Brugo emitió una resolución en la que señaló que la situación procesal que preocupaba a los diputados había sido resuelta previamente por él el 9 de septiembre, dictando auto de procesamiento con prisión preventiva, junto con la concesión del beneficio de arresto domiciliario.
En ese sentido, destacó que la exigencia del Poder Legislativo porteño afectaba su integridad moral y agregó que le "llamaba poderosamente la atención" su ingerencia en el marco de esas actuaciones, no sólo emitiendo su opinión, sino también remitiéndola a él con fines que no llegaba a comprender.
A raíz de estos hechos , en el seno del Consejo se reiterará que el principio de independencia que debe regir la actividad de los magistrados del Poder Judicial de la Nación "es requisito de la vigencia del régimen republicano" y que por eso deviene, en consecuencia, uno de los pilares básicos de la organización nacional.
Asimismo, se hará mérito de que las garantías que aseguran la independencia de los jueces no han sido concebidas como privilegios individuales sino que se relacionan directamente con la función que ellos ejercen.
En ese sentido, en el documento a ser aprobado por Reglamentación, se expondrá que la solidaridad por parte de la Legislatura con respecto de García y la exigencia del rápido esclarecimiento de la situación procesal, implican una inadmisible ingerencia en el Poder Judicial de la Nación y en la libertad de los jueces, tanto más cuanto se ha procedido, además de declararse de tal modo, a remitir dicha declaración al juez de la causa.
Recordemos que Brugo ordenó el procesamiento con prisión preventiva del empresario periodístico Héctor Ricardo García, por presunta evasión agravada y además, dispuso el embrago de sus bienes por 18 millones de pesos.
En la causa en donde se investigan los incrementos irregulares, sin la debida justificación y/o exteriorización ante el fisco, de los patrimonios de las firmas SERVINTSA S.A. y ROPPIC S.A. cuyo origen podría provenir de cierta actividad marginal de Editorial Sarmiento S.A. (firma responsable de la edición y comercialización del periódico Crónica y de la revista semanal Flash), ello en razón de la íntima vinculación existente entre ésta con aquéllas.
García no quiso atacar al juez Brugo
Mediante una presentación formulada por sus actuales abogados y que lleva su puño y letra, Hector Ricardo García le manifestó a la juez federal Servini de Cubría que no tiene elementos para sostener que su detención obedece a un supuesto pacto entre el juez Brugo y un alto directivo del grupo Clarín, atribuyendo esa hipótesis conspirativa a un mal asesoramiento de sus ex abogados.
En su momento, la versión ahora desautorizada por el propio García, indicaba que el juez Brugo habría mantenido un encuentro secreto en un country del Gran Buenos Aires con Jorge Rendo, del multimedios más influyente del país, con el fin de "forzar" la venta del paquete accionario del diario y el canal de cable Crónica, del que García es fundador.