La Corte sostuvo que, según ley 24.065 — marco regulatorio de la electricidad —, el ENRE fue creado para resolver aquellas cuestiones de índole preponderantemente técnicas que puedan suscitarse entre generadores, transportistas, distribuidores, usuarios y grandes usuarios del sistema eléctrico.
“Para ese exclusivo fin fue creado y no para sustituir a los jueces en la resolución de conflictos que caen dentro de su normal ámbito de actuación, como lo es el dirimir una pretensión de daños y perjuicios” afirmaron los ministros.
Para el ENRE las disposiciones legales y contractuales circunscribían la responsabilidad de la prestadora del servicio público a las multas previstas en el contrato, limitación que se justifica por la misma razón técnica que se explican las limitaciones de responsabilidad consagradas en otros ámbitos, tales como la del transportador marítimo y aéreo, o en el derecho de seguros.
Sin embargo, para los vocales del alto tribunal EDESUR debe reparar todos los daños que la empresa damnificada pudiera probar en debida forma, pues, la ley no impone limitación alguna al resarcimiento ni es posible interpretar que el contrato de concesión suscripto entre el Estado y EDESUR exima de responsabilidad a ésta frente a terceros damnificados.
”El art. 78 de la ley 24.065 (en cuanto dispone que los incumplimientos de los contratos de distribución de electricidad serán sancionados con las penalidades previstas en los contratos de concesión) no sólo no excluye la vigencia de las normas generales que regulan la responsabilidad contractual sino que, además, remite al texto del contrato que deja a salvo los eventuales reclamos por daños y perjuicios derivados del incumplimiento” añadieron.
Luego de analizar jurisprudencia americana sobre “agencias administrativas”, precisaron los jueces que “la materia del reclamo está constituida por los daños individualmente experimentados en el patrimonio del usuario como consecuencia del suministro insuficiente de energía eléctrica”, resultando claro que “la disputa no puede resolverse por aplicación del régimen estatutario que conforma el marco regulatorio del servicio público de electricidad, para cuya administración fue especialmente creado el ente respectivo”
De esta forma concluyeron que “la determinación y condena al pago de los daños y perjuicios eventualmente derivados del incumplimiento del contrato celebrado con el usuario debe considerarse fuera de la jurisdicción especial atribuida al Ente Nacional Regulador de la Electricidad por el art. 72 de la ley 24.065.”
La resolución contó con el voto mayoritario de Petracchi, Boggiano, Maqueda, Highton de Nolasco y Lorenzetti. Belluscio, lo hizo en igual sentido pero según su voto. Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay en disidencia parcial, y Fayt en disidencia.
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