A pesar de que el Gobierno bonaerense se esforzó por detallar cada uno de los puntos con los que pretenden paliar esta situación, el CELS interpretó que ninguno de ellos ha sido ni será suficiente mientras no sea reformada o derogada la ley que endureció el tratamiento de la prisión preventiva. La misma ley ya fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema en un caso concreto, porque agrava las condiciones de los imputados, detallo Verbistky.
No obstante ello, Di Rocco enumeró que desde la provincia se presentó el proyecto de ley de Cupos que pretende elaborar un estudio minucioso sobre las plazas de las cárceles para luego elaborar listados de cada uno de los internos con el propósito de analizar cuáles están en condiciones de ser excarcelados.
También detalló la existencia de un plan de obras para incrementar en 5 mil plazas el cupo carcelario, la licitación para adquirir 500 nuevas pulseras electrónicas para el monitoreo de personas excarceladas y el fortalecimiento del patronato de liberados.
Sin embargo, para los representantes del CELS esas medidas no son suficientes para revertir “la grave crisis institucional” generada en la provincia por la “violación de los derechos humanos de los detenidos”. Ya que las mismas no alcanzará para paliar la situación de “hacinamiento” y hechos de violencia en las cárceles que provocaron que estos últimos meses se triplicaran las muertes en las unidades penitenciarias.
A pocos días de producido el motín en la cárcel santafecina de Coronda que dejó un saldo de 13 muertos, el CELS advirtió que en la provincia de Buenos Aires se producen un total de seis muertes por semana muchas de las cuales son por las condiciones deplorables de alojamiento que generan un clima hostil entre los internos. Al respecto el abogado del CELS, Rodrigo Borda, aclaró en el 2003 el 19% de las muertes en unidades penitenciarias eran por hechos violentos, estadística que trepó al 59% en los primeros meses de este año.
El CELS advirtió que desde la primera audiencia, llevada a cabo en diciembre último, con el Gobierno bonaerense, los avances han sido prácticamente nulos e incluso se agravó la situación de los detenidos, ya que existen 300 nuevos presos en comisarías. De un total de 24.753 presos “existe un 90 por ciento de superpoblación, lo que significa que hay 15.023 detenidos en exceso en la totalidad del sistema carcelario”, teniendo en cuenta que según el CELS las plazas disponibles rondarían los 16 mil lugares.
Por su parte, el ministro Di Rocco sostuvo que el gobierno está realizando un “gran esfuerzo” para revertir esa situación y culpó al “abuso de la prisión preventiva” que realizan algunos jueces y a “la gran actividad” de la policía, por la superpoblación en la cárceles. Además, el ministro presentó su propia estadística y para reforzar esta idea añadió que de todos los detenidos actuales sólo el 15 por ciento se encuentra condenado y el 79 por ciento son procesados por jueces de primera instancia.
Al finalizar la audiencia el presidente de la Corte, Enrique Petracchi, precisó que el tribunal “pasará a deliberar” para darle una solución al problema de los detenidos en la provincia.