Ya anteriores administraciones provinciales hicieron oír sus críticas cuando el Tribunal Superior de Justicia ejerció su función de contralor de la constitucionalidad de los actos de gobierno contra medidas oficiales.
El artículo 30 de la actual Constitución provincial establece que “Toda ley, ordenanza, decreto u orden contrarios a esta Constitución no tienen ningún valor y los jueces deben declararlos inconstitucionales. La inconstitucionalidad declarada por el Tribunal Superior de Justicia, en ejercicio de su jurisdicción originaria, produce la caducidad de la ley, ordenanza, decreto u orden en la parte afectada por aquella declaración”.
Como puede apreciarse, el Tribunal Superior de Justicia provincial tiene un control de constitucionalidad con efectos absolutos, porque la declaración de inconstitucionalidad no tiene efectos exclusivamente sobre las partes involucradas en un proceso determinado, como ocurre con el sistema establecido por nuestra Constitución Nacional, sino que dicha declaración produce la caducidad de la norma. A los efectos prácticos, esto es análogo a tener la facultad de derogar normas producidas por los otros poderes del Estado provincial.
El texto de la reforma que elabora el ministerio de Gobierno, a través de su subsecretaría de Seguridad y Justicia, propone que la derogación por efecto judicial de una norma se produzca sólo si los cinco miembros del Tribunal votan unánimemente y por tercera vez la inconstitucionalidad de esa ley o decreto. El procedimiento propuesto por los reformistas oficiales establece que, tras anular una norma, el Tribunal deberá enviar la comunicación a la Legislatura. Además, la propuesta establece que “Se produce la derogación automática de no adoptarse aquella decisión en el término de seis meses de recibida la comunicación del Tribunal Superior de Justicia”.
El ministro de Gobierno, Jorge Gorosito, anunció que este proyecto será presentado a la Legislatura a mediados de este año, una vez que finalice la rueda de consultas y que se incorporen las sugerencias recibidas.
El gobierno neuquino no tiene certezas de que el texto de reforma que envíe finalmente a la Legislatura se transforme en la letra de la ley de convocatoria a una convención, puesto que el partido oficialista es minoritario respecto de las fuerzas de oposición en la Cámara.
Por el momento, el texto de este año está en etapa de borrador y los funcionarios que organizan el trabajo están abiertos a los aportes que ahora pueden realizarse a través del correo electrónico.
El director de Justicia de la provincia, Rubén Yeri, explicó que cada vez que el borrador se enriquece con una serie determinada de aportes, la versión se publica en Internet (www.neujus.com.ar).
Además, quien quiera proponer modificaciones o agregar ideas, puede hacerlo a la dirección de correo electrónico lareforma@neuquen.gov.ar.