NO CONFUNDIR GORDURA CON HINCHAZÓN. En ocasión de presentarse el nuevo libro de Raúl Zaffaroni, los Alejandros Alagia y Slokar, “Manual de Derecho Penal, Parte General”, en el aula magna de la Facultad de Derecho de la UBA, el jueves 28 de abril, disertaban Antonio Beristain y Piña, de la Universidad del País Vasco, y el Procurador General de la Nación, Esteban Righi. Cuando el jefe de los fiscales se encontraba haciendo uso de la palabra irrumpieron un grupo de estudiantes y pegaron dos carteles en las paredes que estaban a los costados de los expositores. En uno se leía: “Absolución a los alumnos procesados por Righi”, y en el otro: “Righi procesa estudiantes”. Ni lerdo ni perezoso, el hijo del procurador, que se encontraba en el auditorio, arrancó uno de los afiches. Tras cartón vinieron los chiflidos, los gritos y las discusiones y alguien de los más exaltados pidió a viva voz que Righi explicara “porqué quería procesar a estudiantes que lo único que hicieron fue reclamar para conseguir que no arancelaran la facultad de arquitectura”. En eso se vio a Righi hablarle al oído a Zaffaroni, quien tomó el micrófono y dijo a los estudiantes que él estaba de acuerdo con que la facultad es un lugar abierto para las discusiones, pero que éste no era el momento porque el acto era para otra cosa. No obstante, les aseguró que con gusto los recibiría para hablar del tema. Así los revoltosos, satisfechos, abandonaron el recinto y pudo continuarse con la presentación. La piedra de la discordia se remonta diciembre del año 2002 cuando estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UBA hicieron un escrache al decano Bernardo Dujovne y al secretario académico, Marcelo de Cusatis, para oponerse al arancelamiento de los cursos de verano. Días después se efectuó una denuncia penal por “privación ilegal de la libertad y amenazas” contra tres estudiantes: Lucas Giono, Gabriel Treviño y Sebastián Goldfarb, militantes de agrupaciones de izquierda. El abogado de los denunciantes no fue otro que el actual procurador Righi, quien al asumir la función pública dejó la causa en manos de una socia de su estudio jurídico. Luego de una primera falta de mérito, los estudiantes fueron procesados y se enfrentan a una posible pena de hasta 6 años de cárcel. Involuntarios protagonistas de una interna estudiantil entre Franja Morada y agrupaciones de izquierda, los disertantes, incluido el invitado del País Vasco, tuvieron su video clip en vivo de cómo es la pequeña aldea universitaria. En cuanto a Righi, hay que avisarles a los muchachos de arquitectura que para los abogados, una cosa es defender los intereses de un cliente, y otra es defender ideas propias. Pero don’ t worry. Después de todo, desde el cargo de jefe de los fiscales, y de acuerdo a la línea política sobre la que viene trabajando, don Esteban seguramente opinará que no hay que criminalizar la protesta. ¿O no? Y vos, ¿de qué lados estas?
A SOLA FIRMA. Las disputas entre Casanovas y Szmukler ya forman parte de la joven historia del Consejo de la Magistratura. Uno de los últimos capítulos de este democrático tironeo –siempre es bueno que no todos estén de acuerdo- hizo hincapié en uno de los temas más sensibles que hacen su funcionamiento como fiscalizador de jueces. Hasta dónde extiende sus facultades para investigar sin invadir ni tropezar con las atribuciones jurisdiccionales reservados a los magistrados en el marco de un proceso judicial. ¿El presidente de una comisión del Consejo debe acompañar con su firma un dictamen de mayoría aunque no este de acuerdo? En la última reunión de la Comisión de Acusación se presentó este debate. Su presidente, Jorge Casanovas, hizo circular un escrito en el cual le informaba al resto de los integrantes de la comisión los motivos por los cuales no iba a firmar un pedido de informe al Banco Central de la Nación. Tiempo atrás la comisión había aprobado dicho pedido de informe en relación al expediente instruido a Sergio Dugo, juez de la Cámara Federal de La Plata, donde al parecer reina una suerte de amesetamiento de las trifulcas vividas en épocas del post corralito. El juez Dugo vive en una casa en el country “Abril”, y justificó en las declaraciones juradas la inversión con la venta de un importante piso en la zona de Palermo en 230.000 dólares a una sociedad anónima constituida fuera del país. En la escritura de venta del inmueble aparece que los 230.000 dólares fueron abonados en efectivo por la sociedad. En la Argentina como en otros países del mundo, cuando una persona ingresa con más de 10.000 dólares a un país debe declararlos y cumplir una serie de requisitos legales. Lo que la comisión quiere saber es si el ingreso de los dólares al país por parte del comprador debió acreditarse con alguna transferencia y cómo se cumplieron esos requisitos. En su presentación Casanovas afirmó que la Comisión de Acusación no tiene facultades para pedirle al Banco Central dicha información. Que eso sólo puede hacerlo un juez y ellos no lo son. Además, ¿qué probaría eso en relación a Dugo? Esos oficios a reparticiones oficiales pueden ser de prolongado trámite y mientras tanto se lo tiene colgado al juez con la producción de una prueba “lateral”. Sin embargo, el pedido de informe ya estaba firmado. Los consejeros Szmukler y Pereyra Duarte expusieron acerca de la importancia de que el presidente de la comisión acompañe el pedido, que fue aceptado por mayoría en su carácter de representante de la comisión. Pero Casanovas dijo un firme y contundente “yo no lo firmo”. Y se terminó la discusión. En su calidad de vicepresidente de la comisión el requerimiento fue firmado por Pereyra Duarte y así el pedido de informe llegará al Banco Central.