Los juicios orales y públicos, que se espera sean expeditos y transparentes, reemplazaron desde la medianoche del miércoles en Santiago de Chile al inquisidor sistema procesal penal chileno en el que el mismo juez investigaba, fallaba y condenaba a los imputados.
Con la incorporación de Santiago, donde viven más de seis millones de personas, se ha completado la aplicación del nuevo sistema procesal penal. Para los otros nueve millones de chilenos, entró en vigor gradualmente desde hace poco más de cuatro años. El gobierno estima que los procesos más complejos tardarán entre seis y ocho meses en resolverse. El inquisidor sistema que regía desde el siglo XIX establecía que el mismo juez investigaba al imputado, lo sentenciaba y condenaba.
El gobierno del presidente Ricardo Lagos dispuso 234 millones de dólares para implementar la reforma en Santiago. Desde este jueves el Poder Judicial cuenta con 371 jueces de garantía y orales que entenderan en materia penal, a diferencia de los sólo 50 jueces que había hasta ayer.
Este proceso de reforma tiene dentro de sus características esenciales la incorporación de un sistema de administración de tribunales novedoso e innovador. En los tribunales de garantía y de juicio oral, que funcionan por medio de audiencias, se suprimió la figura del secretario, se multiplico así la cantidad de jueces, y se generó un sistema de administración profesional común para varios magistrados. A la cabeza de este sistema se encuentra el administrador, que es un profesional del área de la gestión que dirige un equipo de empleados organizados en unidades destinados a prestar servicios a los jueces, entre los cuales se encuentran vinculados a la organización de las audiencias.
Crsitian Riego, director académico del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) analizó la actualidad del modelo chileno en su informe comparativo “Seguimiento de los procesos de reforma judicial en América Latina”, y sostuvó que “este sistema de gestión ha permitido al sistema chileno niveles muy superiores al de los demás países en la organización de las audiencias, especialmente debido a la posibilidad que ofrece de enfrentar las diversas actividades que esta tarea comprende de un modo sistemático, con la posibilidad de un perfeccionamiento progresivo de los métodos de trabajo.
La reforma procesal penal chilena es un modelo para los demás países de la región y ha sido analizada en profundidad en nuestra publicación Mes Judicial, en cuya nota principal se describe la realidad reinante en nuestro proceso penal así como también se destacan los procesos de reforma que se impulsan en diversas jurisdicciones de nuestro país.
dju / dju
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