El actor pidió ese beneficio en un recurso presentado contra el Colegio Público de Abogados por una multa que le impuso la institución. Explicó que atravesaba una “situación patrimonial de quebranto”. Para acreditarlo presentó copias de las declaraciones juradas para el impuesto a las ganancias de los años 1999, 2000 y 2001 y también afirmó que no poseía bienes inmuebles.
Los camaristas primero analizaron el instituto del beneficio de litigar sin gastos. Entendieron que es una medida "excepcional” y su concesión “debe quedar librada a la prudente apreciación judicial y sujeta a que los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para que el juzgador acepte la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas”.
En relación a los elementos necesarios para otorgar el beneficio, la alzada explicó que “no es imprescindible una prueba acabada que otorgue un grado absoluto de certeza” sino que “sólo es menester que se alleguen al expediente suficientes elementos de convicción que permitan verificar razonablemente que el caso justifica su otorgamiento atendiendo a la importancia económica del proceso y, consecuentemente, la de las erogaciones que éste puede implicar”.
Sobre el caso de autos explicaron que “surge que el peticionario -a pesar de ejercer la profesión de abogado- no se encontraría en condiciones de afrontar -al menos por ahora- los gastos causídicos que pudiera generar su defensa en juicio”.
Acreditaron su situación de quebranto en los últimos años, la falta de dinero para hacer frente a obligaciones personales y que al 2003 no era propietario de inmuebles ni en ciudad ni provincia de Buenos Aires. Los jueces entendieron que estos elementos, sumado a que ni el Fisco ni la parte demandada objetaron el pedido, eran suficientes para condecerle el beneficio de litigar sin gastos en los términos del artículo 84 del Código Procesal.