Coimas en el Senado: los procesaron de nuevo

El titular del Juzgado Federal Nº 3, dio un giro notable en la causa que investiga el escándalo por los sobornos en el Senado que permitieron la aprobación de la Ley de Reforma Laboral durante el gobierno de la Alianza. El magistrado procesó a media docena de ex legisladores y a otros ex funcionarios. Y citó a declarar, como imputado, al ex presidente Fernando de la Rúa.

La resolución, de más de 1000 carillas, involucra a los ex senadores José Genoud (el único radical), Emilio Cantarero, Augusto Alasino, Remo Costanzo, Alberto Tell y Ricardo Branda. Pero también quedaron procesados el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ex titular de la SIDE, Fernando de Santibáñez, y Mario Pontaquarto. Estos últimos tres sufrieron embargos que van desde uno a siete millones de pesos sobre sus bienes.

Pontaquarto, De Santibañes, Genoud y Cantarero habían sido procesados por el juez federal Canicoba Corral, pero, poco tiempo después, la Cámara Federal revocó esa decisión, resaltando que había varios puntos débiles en la versión del arrepentido.

Los ex funcionarios de la Alianza fueron procesados, sin prisión preventiva, por la presunta comisión del delito de "cohecho activo agravado" (pago de los sobornos). Sin embargo a ambos funcionarios se los acusa de haber cometido otra conducta en concurso ideal con el cohecho activo. En el caso de De Santibáñes se lo acusa de la presunta comisión del delito de “malversación de caudales públicos” y se trabó un embargo de 7 millones de pesos sobre sus bienes. Y en el de Genoud se lo acusa de “encubrimiento” y el juez de instrucción estableció un embargo, de un millón de pesos sobre su patrimonio.

A los cinco ex senadores justicialistas se los procesó, sin prisión preventiva, por la supuesta comisión del delito de "cohecho pasivo" (recibir las coimas) en concurso ideal con el delito de encubrimiento, por haberlos cobrado sabiendo que se trataba de fondos estatales.

Por su parte, los ex senadores justicialistas Ramón Ortega, Eduardo Bauzá y Javier Meneghini, junto a sus ex colegas radicales Raúl Galván y Alcides López, fueron sobreseídos "por inexistencia de pruebas en su contra".

Mas allá de los procesamientos, el juez Rafecas pateó el tablero al citar, en calidad de imputado, a Fernando De la Rúa, quien deberá prestar declaración indagatoria por primera vez en esta causa. Sin embargo, el magistrado aún no fijó la fecha para que el ex presidente preste declaración indagatoria en su juzgado.

De esta manera, el juez dio crédito nuevamente a la versión de Mario Pontaquarto. De hecho, en un tramo del fallo dijo textualmente que “Mario Pontaquarto ha dicho la verdad” y que su relato “refleja cotas impensables de corrupción, impunidad, mezquindad e hipocresía”. El arrepentido aseguró hace un año y medio que él retiró unos 5 millones de pesos de la SIDE para repartir entre senadores justicialistas para “agilizar” la aprobación de la Ley de Reforma Laboral, anulada el año pasado por el Congreso.

La reconstrucción fáctica del juzgador

En la resolución, el juez relata cómo fueron esos días. El 19 de enero de 2000, el PEN envió a la Cámara de Diputados de la Nación el anteproyecto de ley conocido como la “Ley de Reforma Laboral”. Luego de un amplio debate, la norma obtuvo media sanción el 24 de febrero de 2000, por 137 votos a favor, 93 votos en contra (76 de ellos del bloque justicialista) y 3 abstenciones, y fue girado cinco días después al Senado de la Nación.

Arribado el proyecto al Senado, y habida cuenta de que el oficialismo no contaba allí con la mayoría sino que ésta estaba en manos del bloque del justicialista, “se pusieron en marcha negociaciones del más alto nivel político, para la aprobación del proyecto, el cual pasó a ser claramente considerado a esa altura de los acontecimientos, más allá de los objetivos intrínsecos procurados con la sanción de dicha reforma, como un símbolo demostrativo del poder político capitalizado por la reciente administración que ocupaba el Poder Ejecutivo”.

Rafecas dice además que a partir de ese momento, Fernando de Santibañes –Secretario de Inteligencia de Estado- y José Genoud –Presidente Provisional del Senado-, “llevaron adelante de común acuerdo, negociaciones ilegales tendentes a obtener el voto favorable del bloque mayoritario” al tiempo que el ministro de Trabajo Mario Alberto Flamarique “brindaba un aporte indispensable y funcional para el éxito de dichas negociaciones ilegales al dar hacia fuera la apariencia de corrección en tales negociaciones, con pleno conocimiento de la empresa criminal que paralelamente estaba en curso y que finalizó exitosamente la noche del 26 de abril de 2000, con la sanción de la ley y el inmediatamente posterior pago del cohecho”.

La operación, según la resolución, involucró la malversación de 5 millones de pesos de las arcas públicas, originariamente destinados a gastos reservados, cuyo destino habría de ser desviado ilícitamente, por orden de Santibañes, “para cohechar a los conductores del bloque PJ del Senado ($4.300.000) y el saldo de $700.000, para “retribuir” al menos a uno de los principales negociadores oficialistas, José Genoud.”

Por la postergación en la aprobación de la ley, Pontaquarto debió llevarse el dinero a un lugar seguro, por lo cual viajó en su automóvil en horas de la noche hasta su domicilio, y ocultó el dinero en un altillo de su casa en la localidad de General Rodríguez, manteniéndolo allí hasta el día 26. En ese lapso, Mario Pontaquarto puso al tanto de los acontecimientos a Silvana Costalonga, su esposa, quien vio el dinero en su casa.

Un parte de la operación culminó media hora después de aprobada la ley, el 26 de abril a las 22 horas, cuando Pontaquarto dejó el dinero en el domicilio del senador Emilio Marcelo Cantarero, para su posterior reparto, además de a Cantarero, al menos a los legisladores Augusto José María Alasino (jefe del bloque), Remo José Costanzo (Vicepresidente del bloque), Alberto Máximo Tell (Presidente de la Comisión de Trabajo y Legislación Laboral del Senado y miembro informante de la postura del bloque sobre el citado proyecto de ley), y Ricardo Alberto Branda (Presidente de la Comisión de Legislación General e integrante de la mesa chica de decisiones del bloque), “que fueron a dicho departamento con el obvio propósito de llevarse su parte, poco tiempo después de haberse retirado el cohechador”.

El resto del dinero, unos $700.000, fue entregado por Pontaquarto, al día siguiente, en las oficinas que tenía Genoud en el Senado.

Valoración de las pruebas

En un tramo de la extensa resolución, Rafecas asegura que la confesión de Mario Pontaquarto, con relación a su actividad en la jornada del 18 de abril de 2000, cuando supuestamente estuvo en la SIDE, “se encuentra por demás corroborada por los elementos de juicio colectados en la presente investigación”.

“En efecto, partiendo de que se trata de un relato por demás sorprendente, puesto que parece a primera vista descabellado que un secretario parlamentario del Senado vaya dos veces en un mismo día a un órgano integrante de otro poder y con funciones que nada tienen que ver con la tarea administrativa del senado, lo cierto es que dicha versión, pese a ser evidentemente arriesgada por ser en principio fácilmente desvirtuable, se ha visto confirmada, tanto por pruebas e indicios de carácter positivo, como debido a la total ausencia de pruebas o indicios negativos, esto es, que la descarten como verdadera”, dijo el magistrado.

También el juez descartó que sea un producto de la casualidad que la suma de dinero que Pontaquarto confesó haber recibido en la SIDE ($ 5.000.000) haya sido exactamente la retirada cinco días antes de la cuenta bancaria del organismo por orden de De Santibañes, y la que se encontraba líquida el día que Pontaquarto aseguró haber concurrido a buscarla.

Valoración probatoria de los llamados de Pontaquarto el día del pago

Según los llamados telefónicos que entraron y salieron del celular de Pontaquarto el 26 de abril de 2000, el juez pudo reconstruir cómo fueron sus pasos durante todo el día.

“En efecto, la información obtenida por el tribunal a partir del listado de llamadas entrantes y salientes, y ubicación de teléfonos celulares gracias al sistema de celdas y antenas orientadoras ha sido tan contundente en confirmar el relato de Pontaquarto, y a la vez, en descartar por falsos o ilógicos los descargos de los demás coimputados, que dicha información se ha convertido en determinante para que este proceso, en definitiva, esté en condiciones cuanto menos, de ir a juicio oral y público”, aseguro Rafecas.

La historia de ese día se resume más o menos así. Muy temprano, se dirigió desde General Rodríguez, donde se encuentra ubicado su domicilio particular, hacia el Senado de la Nación, lugar en el que estuvo hasta pasadas las nueve y media de la noche. Poco antes de las diez menos diez de la noche pasó por el Hotel Howard Johnson a buscar el dinero que le alcanzó en la puerta del hotel su señora esposa con ayuda de un maletero.

De ahí se dirigió al departamento de Emilio Marcelo Cantarero, a quien llamó cuando estaba llegando para que le abran el portón de la cochera. Tras entregarle el dinero a Cantarero en su departamento, parte nuevamente de regreso al Congreso. La jornada finaliza con una cena el restaurante Happening, donde estaba el senador Genoud, luego de lo cual se encuentra con su esposa en el hotel mencionado para pasar la noche.

La restitución del dinero sustraído

Mas allá de todo, el juez Rafecas pretende recuperar el dinero que se habría utilizado para pagar las coimas. Por ello consideró procedente comunicar lo resuelto al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a fin de que por intermedio del Procurador del Tesoro de la Nación y del Cuerpo de Abogados del Estado, “se promuevan las acciones judiciales tendientes a lograr la restitución de los recursos que le fueran sustraídos ilegalmente al erario público mediante los delitos aquí comprobados”.

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